Mérida.- El 8 de junio Wuilderman Paredes Moreno, de 32 años, murió al instante de recibir un disparo en el pecho con arma de fuego por parte un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación de servicio ubicada en los Llanitos de Tabay, estado Mérida, donde cientos de personas tenían más de una semana haciendo cola para surtir gasolina. Seis funcionarios de la PNB, incluido el jefe de este organismo en la entidad, están siendo imputados por el hecho.
El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) asumió la defensa de las víctimas por extensión del fallecido, así como la de Gerardo Paredes, primo de Wuilderman Paredes, quien casi pierde la vida tras recibir múltiples impactos de perdigón en su rostro y pecho durante el mismo hecho. Otro familiar del fallecido también resultó herido por perdigones.
A un mes del acontecimiento, los seis funcionarios de la PNB se mantienen privados de libertad en el Centro de Coordinación Policial de Bailadores, a la espera del juicio correspondiente.
Juan Batista Cordero Freites, jefe de la PNB en Mérida desde 2018, es uno de los detenidos por su implicación en el hecho al haber ordenado el ataque de sus subalternos. Hasta la presente fecha ha habido una audiencia de imputación con actuación de la Fiscalía de derechos fundamentales y participación de testigos del hecho.
“Queremos que se haga justicia”
Las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes Morenos son su madre, María Leonora Moreno, y la pareja del fallecido, Zulibeth Dugarte, con quien Paredes tenía una hija de apenas seis meses de nacida. Ambas concedieron una entrevista a El Pitazo donde piden que el caso no sea olvidado y que a los culpables les caiga todo el peso de la ley.
“Yo solo quiero que se haga justicia, porque a mi hijo no me lo van a devolver”, afirma Moreno, a quien su hijo ayudaba económicamente y visitaba a diario.
“Él era quien me traía la comida todos los días. Trabajaba como latonero aquí en la casa y nunca quiso irse del país. Me decía: mamá, lo último que yo haría sería irme de Venezuela”, recuerda la madre de otros siete hijos, uno de los cuales emigró a Colombia por la crisis nacional justo 15 días antes de que mataran a Wuilderman.
Zulibeth Dugarte, por su parte, apenas tiene alientos para pedir que se haga justicia mientras sostiene a su bebé en brazos. La menor de edad quedó huérfana de padre y sin quien las mantenía económicamente a ambas.
“Ese día que él salió a acompañar a sus primos a la cola yo le pedí dos veces que no se fuera. No sé, yo tenía un mal presentimiento. Salió a las 2:00 de la tarde de la casa y no volví a saber de él hasta que llegaron en la noche con la noticia”, recuerda.
Dugarte desde hace un mes vive con su madre y se mantiene gracias a la ayuda económica de su familia y la de Wuilderman. “Yo solo pido que quien lo mató pague por lo que hizo. Que se haga justicia”, exige la víctima.
Ninguna autoridad ha visitado ni ayudado a las víctimas
Ni a la casa de María Leonora Moreno ni a la de Zulibeth Dugarte ha ido ninguna autoridad del Estado, después del asesinato de Wuilderman Paredes. “Aquí nadie ha venido a darnos una disculpa”, afirmó Moreno. Tampoco han recibido ninguna indemnización ni ayuda económica, pese a que ambas, más la bebé de seis meses, dependían económicamente del fallecido.
“Por ahí el alcalde de este municipio anda diciendo que él nos ayudó en todo y eso es mentira, ni siquiera ha venido a darnos el pésame. Yo quiero desmentir eso”, expresó Génesis Paredes, hermana de Wuilderman, quien estuvo presente en la casa de Moreno durante la visita hecha por El Pitazo.
El ODH-ULA resaltó que las víctimas por extensión de un hecho, deben ser amparadas por el Estado y recibir las indemnizaciones establecidas en la legislación venezolana. En este caso estarían siendo violados los derechos de dos mujeres y una menor de edad.
Falsas versiones intentan disminuir el delito
José Otalora, alcalde del municipio Santos Marquina, donde ocurrió el hecho, declaró que el mismo había sido ocasionado por alteración del orden público por parte de personas, que ingerían licor en la cola de gasolina.
“Un grupo de personas había tomado bebidas alcohólicas (…) se formó una zozobra y un impasse con la policía nacional que lamentablemente desató el uso de arma de fuego, que ocasionó la muerte de un hombre y un herido”, declaró Otalora a Reuters un día después del asesinato de Paredes.
La familia del fallecido y los testigos del hecho, desmienten la versión del burgomaestre. “Mi hijo ese día lo único que cargaba en el bolsillo eran las llaves de su casa. No llevaba ni dinero ni mucho menos licor”, asegura Moreno.
“Quienes estaban ahí me dicen que todo comenzó porque la policía estaba dejando que un camión volviera a echar gasolina por segunda vez ese día, sin hacer la cola que las personas tenían más de una semana haciendo”, relata la madre de la víctima.
Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA, explicó a El Pitazo que la defensa de las víctimas busca evitar que el hecho sea minimizado. “Allí lo que ocurrió fue un uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Se trata de un evidente exceso policial con uso indebido de armas y total falta de formación en esos policías que atentaron contra civiles desarmados”, explica la abogada.
A su juicio, en el hecho se cometieron delitos que van más allá de los que establece el Código Penal venezolano y que están contemplados en tratados internacionales de derechos humanos.
“Es una política de Estado”
“No se trató de un hecho aislado. Allí actuaron seis policías por orden de su superior, lo que demuestra que se trata de una política de Estado. Las organizaciones de derechos humanos llamamos a esto terrorismo de Estado”, afirma Hočevar, quien equipara este hecho al ocurrido el 1° de julio en Táchira, donde un adolescente de 16 años perdió ambos ojos tras recibir 52 impactos de perdigón en su rostro, a manos de un funcionario policial.
Gerardo Paredes, primo de Wuilderman Paredes, por poco también pierde la vida a causa de los múltiples disparos de perdigón que recibió en rostro y pecho.
“A esta persona tuvieron que someterla a una intervención quirúrgica delicada para poder reconstruirle el rostro, donde recibió más de una decena de impactos de perdigones. La víctima tuvo que asumir el costo de esa operación y el Estado no lo ha indemnizado. El delito cometido contra él es intento de asesinato”, precisó Hočevar.
El asesinato de Wuilderman Paredes no puede contabilizarse dentro de los ocurridos en el marco de protestas sociales, ya que los testigos del hecho aseguran que nadie estaba protestando en la referida cola de gasolina. Sin embargo, esta muerte se suma a la lista de homicidios cometidos por funcionarios de seguridad del Estado.
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