San Cristóbal.- Las denuncias sobre hechos irregulares las realizaron los taxistas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, quienes retomaron las actividades de llevar pasajeros desde un país a otro, luego de que se abrió el puente Atanasio Girardot, el pasado 1 de enero.
En el grupo de WhatsApp de estos taxistas, tres de ellos denunciaron la situación en la que se vieron cuando llevaron a pasajeros a San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, en el lado venezolano. Aseguran que a algunos de ellos les robaron su teléfono celular y su cédula de identidad, mientras que otro aseguró que debió pagar 5.000 pesos por bajar a un pasajero en una redoma y no en el terminal del pueblo.
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El Pitazo pudo conversar vía WhatsApp con una persona afectada, quien denunció que ingresó a territorio venezolano, el 10 de enero, con una persona que se dirigía hasta San Antonio del Táchira desde el sector de La Parada, Colombia. La pasajera llevaba bolsas con mercado, por eso tomó el servicio. El hombre aseguró que podía hacer la carrera hasta San Antonio por las declaraciones dadas por los funcionarios de ambos países; sin embargo, cuando llegó al sector de la redoma del cementerio y la mujer se bajó, la abordaron funcionarios militares que le precisaron que no era legal que estuviese ahí.
El hombre, incomunicado por no tener señal en su teléfono, le preguntó qué podía hacer en ese caso porque desconocía la negativa de trabajar en esa zona. Los funcionarios militares le indicaron que debía cancelar 10.000 pesos colombianos si quería irse tranquilo a su país. Esos 10.000 pesos equivalen a 2,77 dólares.
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El temor
“Sentí miedo porque cuando fui interceptado agarré mi celular y no tenía señal. Si me desaparecían o me hacían algo nadie se iba a enterar. Estaba en un día de trabajo cualquiera. Antes del cierre de frontera se podía cruzar y dejar pasajeros hasta acá, no estoy ingresando a un barrio, no estoy ingresando a una urbanización, tan solo estoy haciendo una carrera hasta un lugar público y donde los venezolanos agarran transporte. Pagué los 10.000 pesos que fueron la mitad de la carrera que me pagó esta mujer, lo hice por miedo, pero no me pareció justo”, dijo el taxista, que pidió la reserva de su nombre.
La razón por la que pide que su identidad se proteja es por temor algún tipo de represalias por realizar la denuncia. Suele trabajar en la frontera y espera que cuando los uniformados dejen de pedir dinero a los taxistas, pueda seguir con las mismas actividades que realizaba en 2015, cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de frontera.
Otras denuncias de taxistas
En el mismo grupo de WhatsApp, de acuerdo con la información ofrecida por este taxista, otros compañeros también se quejaron de la misma situación. Uno de ellos contó a sus colegas que en el mismo sector de la redoma del cementerio lo interceptaron 2 supuestos funcionarios de tránsito venezolano, quienes le quitaron el celular, un iPhone 11, 155.000 pesos -equivalentes a 33 dólares- y su cédula de identidad. Le indicaron -entre insultos- que no podía volver a trabajar allí y que ya todos los del aeropuerto, sitio donde trabaja, estaban prevenidos.
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Otro de los casos es el de un hombre que llevó a un pasajero hasta el mismo sector y funcionarios policiales le indicaron que debía ser en el terminal de San Antonio donde dejara a las personas. Les indicó que no tenía conocimiento y, sin embargo, los funcionarios policiales le pidieron 5.000 pesos para dejarlo ir sin ningún tipo de problema.
Ante este escenario, el representante del Sindicato de Transporte de Cúcuta, José Bastos, acudió al puente Atanasio Girardot a tener una reunión con las autoridades en materia de seguridad de Venezuela para indicar la situación que se estaba registrando. Aseguró que fue bien recibido y los militares y policías se comprometieron a evitar que ese tipo de circunstancias continúen registrándose.
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