Mérida.- El pasado martes 15 de diciembre tuvo lugar la audiencia final del juicio sobre el caso de Erickvaldo José Moreno Márquez, estudiante de Educación Física de la Universidad de Los Andes (ULA), quien está preso desde el 13 de septiembre de 2017, acusado por el homicidio de un funcionario de la Gobernación de Mérida.
Aunque el juez dictó sentencia absolutoria con libertad plena por no hallar ninguna prueba que lo inculpe, la fiscal designada para el caso solicitó el recurso de efecto suspensivo, alegando tener «una duda razonable» sobre la sentencia.
Lupe Fernández, Fiscal Cuarta del Ministerio Público de Mérida, designada en 2018 por Tarek William Saab, dijo tras el dictamen del juez que «existe una duda razonable y por tal motivo solicito se desprenda de la causa y que sea la Corte de Apelaciones que decida”, cita el acta de la sentencia.
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Fernández basó su solicitud en el recurso de efecto suspensivo previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp). La libertad de Erickvaldo Moreno dependerá ahora de lo que decida la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, cuyas labores se reanudarán el 18 de enero de 2021.
Al estudiante, de 27 años de edad, se le acusó por el asesinato de Jesús Leonardo Sulbarán, quien era funcionario de la Gobernación de Mérida, cometido el 24 de abril de 2017 durante el llamado “plantón nacional” que convocó la oposición como parte de las protestas sociales registradas ese año. Moreno fue detenido casi cinco meses después del homicidio sin ninguna prueba que lo involucrara en el hecho.
Observatorio de la ULA califica el caso de detención arbitraria
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), organización que ha presentado este caso ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), rechazó mediante nota de prensa la solicitud de la fiscal, por considerar que «no tiene fundamentación alguna, ya que durante todo el juicio no se presentó ninguna prueba que inculpara a Erickvaldo Moreno».
El ODH-ULA denunció reiteradamente irregularidades cometidas en el caso, como la dilatación del juicio por más de tres años, con más de cuatro diferimientos de audiencias, algunos de ellos injustificados.
“Durante el desarrollo de la fase preparatoria, la defensa logró desvirtuar la imputación fiscal, al presentar un gran número de testigos para demostrar que el estudiante universitario no se encontraba presente en la protesta en la que falleciera el funcionario de la Gobernación. La acusación fiscal se presenta de manera extemporánea, sobrepasando el lapso de los 45 días establecidos en el art. 236 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal vigente”, detalló el ODH-ULA en un comunicado emitido el 13 de septiembre de 2020, día en que se cumplieron 3 años de la detención de Moreno.
El Pitazo estuvo el día de la audiencia final del juicio en el Circuito Judicial Penal de Mérida e intentó conversar con Zulay Márquez, madre de Erickvaldo, pero se encontraba notablemente afectada por no tener a su hijo en libertad y prefirió no dar declaraciones a la prensa.
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