Mérida.- Tras recibir libertad plena en la audiencia preliminar realizada ayer, miércoles 21 de julio, la feminista y activista social Vanessa Rosales deberá cumplir durante 3 meses con un servicio comunitario impuesto por el tribunal que llevó el caso. La información fue dada a conocer por los abogados defensores de Rosales en una rueda de prensa ofrecida este jueves, 22 de julio, donde ella estuvo presente.
Engels Puertas, uno de los tres abogados que conformaron la defensa técnica de Rosales ante la Fiscalía 14 del Ministerio Público en Mérida, dijo a la prensa que el servicio comunitario que debe cumplir su representada es necesario para que pague por el delito de aborto inducido por terceros, uno de los tres cargos que le habían sido imputados y que está previsto en el Código Penal venezolano. Los otros dos, agavillamiento y asociación para delinquir, le fueron retirados.
El servicio comunitario consiste en tener que llevar a la sede del Circuito Judicial Penal del estado Mérida tres litros de cloro al mes, durante tres meses. Con este servicio también deberá cumplir la madre de la adolescente que fue víctima de violación, por haber participado en el aborto inducido de su hija, cuya vida estaba en riesgo si continuaba ese embarazo.
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«Me imputaban delitos de delincuencia y terrorismo»
Vannesa Rosales comentó a la prensa que los delitos que le imputaban deben alertar a las organizaciones feministas sobre cómo el Estado venezolano califica sus labores, debido a que dos de los cargos interpuestos por la Fiscalía, agavillamiento y asociación para delinquir, están previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
«Los cargos que me estaban imponiendo provienen de leyes para combatir el terrorismo, para combatir la delincuencia organizada, ¿y ellos nos ven así a nosotros? Yo me pregunto. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Estado sobre las organizaciones, la militancia, las feministas? ¿Es que nos vemos como terroristas ante el Estado? Yo necesito hacerme esa pregunta», dijo Rosales.
La activista, quien es profesora en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida y miembro de la Fundación Cayapa, una organización sin fines de lucro que hace trabajo social en el barrio Pueblo Nuevo, donde reside la adolescente víctima de violación, destacó que el embarazo interrumpido estaba poniendo en riesgo la vida de la madre, debido a que la adolescente sufre desnutrición y podía padecer preeclampsia a los seis meses de gestación. En Venezuela, el aborto es legal en caso de que la vida de la madre esté en peligro, pero los abogados de Rosales señalaron que la Fiscalía no tomó en cuenta este causal.
«Es un logro de las organizaciones de la sociedad civil»
Venus Faddoul, directora de la ONG 100% Estrógeno y parte de los abogados defensores de Rosales, resaltó a la prensa que la libertad plena de su representada había sido un logro de las organizaciones feministas y de derechos humanos, así como de la sociedad civil que se volcó a apoyar a Rosales y a denunciar este caso dentro y fuera del país, en rechazo a la penalización del aborto que existe en Venezuela.
Faddoul también denunció incontables irregularidades en este caso, donde la audiencia preliminar fue diferida en varias ocasiones y el retardo procesal duró siete meses. Rosales estuvo presa en la sede del Cicpc Mérida desde el 12 de octubre de 2020 y hasta enero de este año, cuando recibió casa por cárcel. Actualmente, el hombre acusado de violar a la víctima está prófugo de la justicia.
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