San Cristóbal.- Los colectivos y grupos irregulares colombianos al margen de la ley estarían controlando el paso por las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente entre San Antonio del Táchira y Ureña y el Departamento Norte de Santander, según denuncia realizada este lunes por el diputado a la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte, y por el presidente de la Fundación Redes –Fundaredes-, Javier Tarazona.
El cobro en pesos y dólares para poder pasar por los caminos verdes, sería una orden expresa del enlace de Nicolás Maduro en el estado Táchira, Freddy Bernal, quien habría llevado a la entidad andina a civiles armados provenientes de Caracas para que se encargaran del territorio, desplazando con ello a la Guardia Nacional (GN) y al Ejército.
“Hay un control absoluto de los colectivos armados. Los colectivos le dijeron a Maduro a través de Bernal: nos dejan las trochas a nosotros y los puentes que permanezcan cerrados para seguir defendiéndolos con las armas. Hace cuatro días cambiaron a 140 guardias del Destacamento 212 llamándolos traidores porque los guardias les dijeron que no estaban de acuerdo con trabajar con colectivos, y prefirió el jefe regional de la Guardia Nacional por órdenes de Bernal, cambiarlos para la cárcel de Santa Ana para traer a guardias de Caracas”, expresó Duarte.
El legislador destacó que ningún cuerpo de seguridad tiene control en la frontera del Táchira, ni en San Antonio, ni en Ureña, porque quienes operan son los grupos irregulares, específicamente los colectivos que viajaron desde Caracas para impedir el paso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, y se quedaron en San Antonio y en Ureña.
Afirmó que es un tema de corrupción lo que está sucediendo, porque son los colectivos los que deciden qué y quién pasa por las trochas, y cuánto tienen que pagar, además de que está prohibido tomar fotos en el trayecto. “Dicen los colectivos: teléfono que veamos tomando foto, teléfono que robamos, por eso difícilmente vamos a poder mostrar videos o fotos de esas trochas del lado venezolano, pero si hemos hecho un trabajo en las trochas del lado colombiano, porque de este lado están con el hambre de robar”, agregó.
Duarte recordó que desde el 2015, cuando cierran la frontera por solicitud del exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, hay corrupción en las trochas, pero estaba a cargo de la GN y del Ejército. Después del 23 de febrero Freddy Bernal «se habría dado cuenta de lo rentable que es, porque son bultos de pesos los que ganan a diario».
El precio de la gasolina por contrabando aumentó, según precisó el diputado, pues antes del 23 de febrero, la pimpina de gasolina valía 20 mil pesos, ahora tiene un costo de 33 mil y 35 mil pesos, porque crece la vacuna, pues los colectivos en la frontera dicen cuánto deben pagar, lo que implica una sobrecarga luego en el precio de venta, lo que además le hace más rentable el negocio al contrabandista.
El Sebin también quiere el control
El presidente de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que los que operan en esos espacios es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), llamados Colectivos de Seguridad Fronteriza, pero durante los últimos días el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaría buscando también el control del territorio.
“Durante los últimos días hemos observado cómo el Sebin ha intentado tomar control de las trochas para ser ellos los extorsionadores y todo eso lo que ha generado es balaceras y enfrentamientos entre estos grupos irregulares. Quiero alertar que en esos pasos fronterizos no caigan venezolanos y tachirenses inocentes. Entregamos a comisiones de Naciones Unidas la denuncia de la presencia de grupos irregulares y le hemos pedido a Michelle Bachelet que venga a la frontera colombo venezolana para que se cerciore de lo que está pasando”, manifestó.
Tarazona considera que el cierre de frontera lo que ha generado es un financiamiento abierto de grupos irregulares, quienes terminan extorsionando a cualquier ciudadano quien, al pasar por una trocha, es evaluado sobre el tipo de pago que debe hacer, dependiendo del porte que tenga, de la cantidad de comida y la mercancía que lleve.
“Las trochas son abiertas y públicas, tienen salida al CDI y tribunales de San Antonio. Los que operan en esos espacios es el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las Farc que se llaman Colectivos de Seguridad Fronteriza, los alcaldes son responsables, de manera que lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro con el cierre de la frontera es financiar de una manera mucho más fuerte a los grupos irregulares colombianos en Venezuela. Por esta razón Freddy Bernal quiere mantener los puentes internacionales cerrados, porque las ganancias son miles de millones de dólares, ya que se trata de más de 50 pasos ilegales”, añadió.
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