La mañana del 23 de junio de 2018, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, amaneció con la noticia del desmantelamiento de una banda dedicada a la trata de personas y prostitución de menores de edad. En un hotel en Pueblo Nuevo se había desplegado un operativo de organismos de seguridad quienes, con armas largas y capuchas, ingresaron y detuvieron a los implicados
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La noticia de la detención de ocho sujetos estuvo acompañada por el rescate de tres menores de edad, dos de ellas habían sido abusadas por parte de quienes previamente las habían drogado. Según la versión ofrecida por Freddy Bernal, enlace del gobierno de Nicolás Maduro en el Táchira, a las jóvenes les ofrecieron viajar hasta Colombia para brindar servicios sexuales y al negarse fueron violadas. Les dijeron que ya habían sido vendidas por 15 mil dólares; quien estaba al mando de la banda era otra joven de 15 años encargada de buscar a niñas para la prostitución.
Dos días después, el 25 de junio de 2018, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, denunció que las casas abrigo y refugio del Gobierno regional habían sido “vulneradas” debido a que niñas de entre 12 y 15 años recibieron ofertas de prostitución para ejercerla en países como Colombia y Brasil.
La noche de fiesta que salió mal
Escaparse un rato, ir a bailar, quizás tomar algo, conocer a otras personas y volver sin que nadie se diera cuenta. Ese era el plan. Pero luego de dos tragos de ron se dio cuenta que lo que vendría no lo hubiera imaginado en sus peores pesadillas.
La historia de esta niña, menor de edad, y a quien se le debe proteger la identidad de acuerdo con la legislación venezolana, muestra cómo opera una red de prostitución y trata de personas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, al occidente de Venezuela.
En el caso de esta joven, una compañera de clase fue quien la convidó para conocer a otros muchachos que les brindarían bebidas alcohólicas, pese a ser menores de edad. En el segundo trago de ron que se tomaba, la compañera de clases le contó que uno de los hombres con quienes estaban había expresado su interés en ella, le sugirió que estar con él le traería beneficios porque podría ganar mucho dinero y así lograr independizarse y hasta viajar a otros países sin depender de padres, adultos ni de nadie más que de ella misma.
De 15 años y sin haber tenido novio o relaciones sexuales previamente, las insinuaciones que le hacían eran nuevas y confusas para ella. Dejó de tomar alcohol, cambió la cara y la actitud y decidieron que la llevarían a su casa, pero no fue así. El conductor manejó hacia otro rumbo.
Bajarse del carro en el hotel a donde la llevaron significó para esta adolescente estar contra su voluntad en ese sitio y que tres hombres distintos abusaran de ella por dos días seguidos.
Los raptores le preguntaban constantemente si quería trabajar. Le decían que por hacerlo en San Cristóbal cobraría en pesos colombianos, moneda que en Táchira circula comúnmente por la cercanía con la frontera con Colombia, pero si los clientes la catalogaban como muy buena, podría aspirar a cobrar en dólares americanos por sus servicios.
Además de eso, le prometieron que luego de unas semanas podría viajar a Colombia a pasar unos días trabajando, con mejor remuneración y “la oportunidad de conocer un país con personas nuevas”.
Pero el ofrecimiento iba más allá. Después de estar en Colombia podría optar por ser trasladada hacia Brasil. “Es el país de las mujeres bellas. Para Brasil sólo llevamos a las mejores y tú puedes ser una de ellas; vas a conocer un país al que jamás irías trabajando en Venezuela, aquí no llegarías ni a la esquina”, le dijo un hombre, que aunque había abusado de ella, nunca escuchó o supo su nombre.
Luego de tres días de rapto fue liberada junto a otras dos jóvenes que estaban allí. Secuestro, droga, abuso sexual, abuso psicológico y amenazas de muerte, así resume la joven los días en que estuvo encerrada en un hotel sin quererlo.
Reconocimiento de la trata
Bernal asegura que estas redes de trata de personas con fines sexuales están conformadas por quienes “venden como ganado” a mujeres y niños a sujetos de Colombia, Ecuador y Perú.
Al referirse a estas bandas trasnacionales, Bernal precisó que la Fiscalía venezolana intentó establecer comunicación con la Policía de Colombia para intentar frenar esta situación. “Lamentablemente, no encontramos colaboración. La Policía de Colombia ni responde a los documentos que se envían. Es necesario que las policías de ambos países trabajen en conjunto para así lograr poner fin a estas mafias aberrantes”, aseveró.
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, coincide con Bernal en la falta de respuestas por parte de funcionarios del vecino país. La mandataria regional explicó que intentó tener comunicación con autoridades del norte de Santander (Cúcuta) para articular información y esfuerzos que permitan que en ambos países se disminuya el delito de trata de personas, sin embargo, asegura que tampoco encontró respuesta.
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