Caracas.- Distintas organizaciones no gubernamentales que rechazan la aprobación del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG, aprobado la noche de este martes 24 de enero, sostienen que en Venezuela se ataca a la sociedad y a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley lo presentó el parlamentario y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien dijo estar seguro de que al menos 62 ONG venezolanas operan con fines políticos. Razón por la que pidió “poner orden” en ese sector.
Las limitantes a las que están sometidas las organizaciones no gubernamentales son una realidad que también sufren las ONG de otros países del mundo, como es el caso de Guatemala, Rusia, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia, Ecuador, Bolivia, China, India, Egipto, Hungría, Etiopía, Paquistán, Afganistán, la lista es larga. Te contamos el caso de algunos de esos reglamentos.
Activista de ONG: proyecto de ley que regula financiamiento es un instrumento de coacción
ONG que “altera el orden público”
En el año 2020 el Congreso de Guatemala aprobó una polémica ley para vigilar e intervenir a las organización no gubernamentales si el Estado determina que “alteran el orden público”, según establece la normativa.
La ley establece que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público o será cancelada inmediatamente y no podrá operar ni la organización ni sus integrantes en los siguientes dos años”.
De acuerdo con los parlamentarios guatemaltecos, se hizo una modificación con el objetivo de evitar que organismos extranjeros “saboteen” la soberanía nacional.
Por su parte, las ONG aseguraron, en su momento, que estas reformas duplican los mecanismos de fiscalización para las organizaciones, promueven procesos de criminalización de sus integrantes y limitan derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho de defensa.
Otros países de la región
En un informe de Amnistía Internacional (AI) titulado Leyes concebidas para silenciar, la organización internacional documenta que en diversos países de Latinoamérica las ONG también son objeto de ataques. Entran en la lista Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia.
En Cuba existe la Ley de Asociaciones, la cual indica que están prohibidas las reuniones, manifestaciones ilícitas y asociaciones organizadas por grupos que no estén inscritos legalmente. Mientras que en Nicaragua se aprobó en 2020 una ley que exige a las fundaciones que reciban financiamiento extranjero a inscribirse ante el Gobierno como agentes extranjeros.
Asamblea Nacional oficialista aprueba en primera discusión la ley que regula las ONG
ONG “buenas” y “malas”
Por su parte, China endureció su legislación, pues las organizaciones deben ser clasificadas según un sistema de puntos, de acuerdo con su comportamiento político.
En Rusia, las organizaciones tienen que registrarse como agentes extranjeros desde 2012. Esa medida se extendió a medios de comunicación en 2017. Mientras, Etiopía introdujo una ley en 2009 que restringe el trabajo de actores de la sociedad civil desde el extranjero y castiga duramente las violaciones.
Este tipo de leyes muchas veces se aplican basándose en políticas divisivas y conceptos imprecisos, y su adopción se justifica en términos de identidad nacional, moralidad, valores religiosos o seguridad nacional.
AI las califica como “restricciones contra las voces inaceptables”, como las que proporcionan asistencia a las personas refugiadas, migrantes, luchan contra la corrupción, protegen el medio ambiente o defienden los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad Lgbtiq+.
Amnistía Internacional considera que el ataque a las ONG, que viene ganando terreno en los últimos años, se trata de una despolitización progresiva, pues señala que las organizaciones son divididas en “buenas” (las que prestan servicios) y “malas” (las políticas).
Con información de medios internacionales y Amnistía Internacional.
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