Sur del Lago.- «Nos toman fotos y las suben a los programas digitales de reconocimiento facial. Luego generan comentarios de odio en las redes sociales y etiquetan post para crear matrices desfavorables sobre nosotros y nuestras familias», contó a El Pitazo Pedro Correa, caraqueño de 65 años y quien se dedica a la recuperación de la Embajada venezolana en Washington.
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El asedio o lo que ellos califican como «terrorismo» mediático en redes sociales es una de las acciones tomadas por dirigentes de izquierda del grupo Code Pink contra quienes protestan a las afueras de la sede diplomática en disputa.
Los venezolanos radicados en suelo estadounidense, que cumplirán su segunda semana de protestas, piden al gobierno de Donald Trump desalojar a los «socialistas» alojados en el edificio de Georgetown, donde funciona el consulado y el despacho de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En febrero de este año, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la salida de los funcionarios venezolanos debido a la ruptura de relaciones con la Administración norteamericana.
Correa dijo que como medida de presión, les bloquearon el acceso a la comida a los «socialistas» de Code Pink y esto ha generado que los activistas de la Operación Libertad -convocada por Juan Guaidó, presidente del Parlamento y encargado del Ejecutivo-, tengan que comunicarles a sus jefes sobre el hackeo de sus cuentas de Facebook e Instagram y alertarlos sobre campañas de descrédito en contra de los presentes en las adyacencias.
«A mi hijo Marlon lo tildaron de homofóbico y de mala conducta y eso generó un llamado de alerta por parte de sus patronos. Esta situación es lastimosa, porque sentimos que nos están robando nuestro territorio. Es como si pisotearan nuestra bandera y nuestro sentimiento y ponen en riesgo nuestros empleos», dijo el videógrafo radicado en Burk, en el norte del estado de Virginia.
La preocupación de los venezolanos es que la toma de Code Pink vulnera la garantía de sus documentos personales y trámites consulares, entre ellos la renovación de pasaportes, incluso datos del Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Alí Arellano, dueño del emprendimiento gastronómico Arepason, dijo a El Pitazo, vía telefónica, que los tomistas están identificados. «A ellos les pagan por ocupar nuestra Embajada. Esta organización lleva 15 años haciendo activismo presuntamente a favor de movimientos de izquierda, pero ellos no conocen nada de Venezuela, ni la represión, el hambre y miseria que ha dejado el régimen de Chávez y ahora de Maduro», comentó.
Considera que la Secretaría de Estado de Estados Unidos está al tanto de lo que ocurre. «Esa gente ya no tiene mucha comida ni agua potable. Creo que acá debe prevalecer el juego político, pero creemos que si Trump reconoció a Guaidó como presidente y no a Maduro, debe sacar a esta gente con el uso del Servicio Secreto, porque siendo venezolanos no podemos ni pisar nuestra Embajada», lamentó Arellano, quien es socio de la también activista Andrea Febres de Flores, quien emigró desde Zulia.
Cada noche un grupo de hasta diez ciudadanos cuidan y vigilan los movimientos de Code Pink; de hecho, instalaron carpas, sillas, mesas, colchonetas y se aprovisionan con recursos propios y donaciones. Ansían que Carlos Vecchio asuma la sede en la capital de los Estados Unidos, país que acogió a la colonia de connacionales de manera voluntaria.
«Las alegrías y esa sensación de éxito alcanzado fueron tan intensas que solo quien estuvo allí puede entenderlas y son muy difíciles de describir. Los momentos más increíbles son cuando alguien grita la voz de alerta, y no importa el lugar en que te encuentres, sabes exactamente lo que hay que hacer», dijo Miguel Chalita.
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