La periodista venezolana Suhelis Tejero fue una de las reporteras que participó en el equipo que desarrolló el trabajo Patrulla letal, investigación publicada por Diario Libre de República Dominicana para develar las causas de la muerte de cientos de personas en hechos que involucran a agentes policiales, y que son reportados como “intercambios de disparos” en ese país.
Para conocer detalles de las víctimas de esos hechos en los últimos 16 años, Diario Libre solicitó datos específicos a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional. La respuesta fue consolidada por la Policía y solo ofreció números estadísticos que totalizan 3,115 personas muertas entre 2007 y marzo de 2019 en acciones de sus agentes y de las Fuerzas Armadas.
Ante la falta de datos precisos de las víctimas y de las circunstancias en que murieron, un equipo de periodistas de Diario Libre documentó y construyó durante seis meses una amplia base de datos -por la que el usuario puede navegar- con reportes periodísticos de 1,844 casos de muertes de personas a manos de agentes policiales y militares entre 2004 y 2019.
A partir de hoy, este periódico publica en patrullaletal.diariolibre.com la investigación especial Patrulla Letal, en la que se expone la parte oculta de los intercambios de disparos en la República Dominicana.
La policía es responsable
La investigación arrojó que no todos los decesos son informados a la prensa por las autoridades, y que si bien hay casos que fueron reales intercambios de disparos, en muchos sucesos hubo discrepancias comprobadas por sentencias judiciales y testimonios de familiares y testigos respecto a lo detallado oficialmente. Se encontraron casos de abuso de poder, ejecuciones por encargo, búsqueda de ascensos y muerte de personas desarmadas o por “error” de los agentes.
El testimonio de “Juan”, uno de dos agentes de la Policía Nacional dominicana que accedieron a hablar bajo anonimato por razones de seguridad, describe esa parte oculta de muchos de los intercambios de disparos, una práctica recurrente en un país que no contempla la pena de muerte bajo ninguna circunstancia.
El agente cuenta cómo una noche, los miembros de su patrulla detuvieron a un hombre al que conocían por estar vinculado a la venta de drogas, y cómo decidieron matarlo luego de percatarse de que el individuo no traía consigo ni droga ni dinero.
“Armamos una escena de crimen como que fue un intercambio de disparos: le pusimos una pistola que ni siquiera era la que él tenía. Él no tenía nada, nosotros la buscamos (la pistola) y se la pusimos, y pusimos a que él disparara, ya muerto”, cuenta. “Nosotros disparamos también e hicimos como que fue él”.
Reportar el hecho como un intercambio de disparos supone un eximiente legal en caso de que realicen una investigación judicial, pues el agente podrá alegar la legítima defensa, una prerrogativa del Código Penal Dominicano que dicta que no hay crímenes ni delito cuando se actúa en legítima defensa de sí mismo o de otro.
Las familias temen represalias
Oficiales retirados de la Policía explicaron a Diario Libre cómo funciona la cultura interna de la institución que da pie a la ocurrencia de estos hechos dentro de un sistema de corrupción e impunidad.
Familiares de víctimas -y así lo reiteran abogados y activistas de derechos humanos- contaron que no se querellaron contra los agentes involucrados en sus casos por temor a represalias de los cuerpos de seguridad, por desconocimiento de sus derechos o falta de dinero para pagar abogados. Otros narraron las vicisitudes que han enfrentado, y en ciertos casos han tenido que valerse de conexiones con entes de poder, para que sus expedientes no quedaran engavetados.
Esta investigación fue realizada por Tania Molina, Mariela Mejía y Suhelis Tejero para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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