Caracas.- La decisión judicial que otorga al líder opositor Juan Guaidó el control de las reservas de oro que Venezuela tiene en Inglaterra ha avivado la dicotomía política del país en medio de las celebraciones del antichavismo y la condena por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
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El Tribunal Superior británico dictó que la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó y encabezada por Ricardo Villasmil, y no la nombrada por Maduro y presidida por Calixto Ortega, tendrá autoridad sobre las riquezas depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró «en medio de las partes» en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones del equipo de Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, entre ellos Reino Unido.
Guaidó se crece
En un momento en que la popularidad de Guaidó no pasa por su mejor momento, se produce esta sentencia, que se basa en el reconocimiento «inequívoco» del opositor como «presidente interino constitucional».
Guaidó ya ha ganado otras batallas legales en el extranjero, en países que lo reconocen como mandatario legítimo, y se ha hecho con el control de miles de millones de dólares y de activos de Venezuela en el exterior, como fue el caso de Citgo, la principal filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El político de 36 años, que no controla ningún aspecto de la burocracia dentro de Venezuela, celebró la decisión y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas de un «saqueo».
«Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán como tal y en Inglaterra para su protección, del proceso judicial y de su integridad. ¡Oro protegido del saqueo del régimen!», escribió en Twitter.
El opositor compartió en la misma red social un comunicado emitido por el Gobierno interino, en el que celebran con «beneplácito» el fallo.
«Esta decisión contribuye inmensamente en la protección de los recursos de los venezolanos de las garras de la dictadura corrupta (…). Lo sucedido no solo es una victoria para el pueblo de Venezuela sino que es una victoria para la defensa del Estado de derecho», dice el escrito.
Maduro reclama
El Ejecutivo de Maduro, por su parte, calificó como un «delito de exterminio» que el juez Nigel Teare les haya negado el acceso al oro.
«Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio», dijo en la televisión pública la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El Gobierno venezolano pidió hace meses al BoE que transfiriera 930 millones de euros de la reserva de oro a un fondo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señalando que los recursos serían usados en la lucha contra el COVID-19, que hasta ahora deja 6.273 contagiados y 57 muertes en el país.
La vicepresidenta apuntó que esta decisión es «un absurdo», puesto que los intercambios diplomáticos entre Venezuela y Reino Unido se hacen a través de la Cancillería que responde a Nicolás Maduro y no por la que nombró Guaidó.
«El embajador (de Reino Unido en Venezuela), Andrew Soper, presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la república (Nicolás Maduro), las cartas credenciales que firmó la reina (Isabel II)», añadió.
Desde que Venezuela pidió al BoE la transferencia de los recursos, prosiguió Rodríguez, 57 personas han muerto y más de 6.000 se han contagiado del nuevo coronavirus.
Asimismo, señaló que el gobierno interino de Guaidó es «artificial y enmascara un proyecto para despojar a Venezuela» de sus riquezas.
El caso sigue
El equipo de Guaidó, aunque ha celebrado, dejó claro en su comunicado que el proceso judicial en Londres continúa, «por lo que estos recursos protegidos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados en el corto plazo».
Mientras tanto, la llamada revolución bolivariana ha remarcado que «apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión» que, insisten, «pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia» por el COVID-19.
Maduro, además, «ha solicitado a los órganos de la justicia» una investigación para determinar responsabilidades penales en este caso y prevé denunciar «en todas las instancias internacionales este atroz atropello», o al menos así lo comunicó este jueves la vicepresidenta.
El chavismo, subrayó, persistirá en la batalla judicial para acceder a este oro.
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