La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció este martes, 19 de marzo, que ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas ejecutadas por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
«Estas personas permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», dijo la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también lamentó que las autoridades venezolanas ocultaron estas detenciones y posteriormente presentaron cargos contra los arrestados por la presunción de conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.
También indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que podrían constituir tortura en algunos casos.
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«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.
La ONU aprovechó para denunciar que defensores de los derechos humanos siguen enfrentando la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas. Citó los casos de los activistas perseguidos Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Elecciones libres y oficina del Alto Comisionado en Venezuela
Durante el debate sobre la situación de Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que el país realice unas elecciones presidenciales transparentes, inclusivas y participativas el 28 de julio.
También solicitó que las autoridades venezolanas permitan a sus trabajadores expulsados en febrero regresar al país.
«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló la alta comisionada en relación con esa expulsión.
En febrero, las autoridades obligaron a 13 empleados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a dejar Venezuela en un plazo de 72 horas, después de que el propio gobernante Nicolás Maduro los acusó de espionaje y conspiración.
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