La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó hoy el aumento de asesinatos de activistas y líderes sociales en Filipinas, tras la muerte de nueve de ellos en operaciones militares y policiales el pasado domingo.
Se trata de activistas críticos con el Gobierno o que trabajaban por los derechos de los trabajadores, de los pescadores o de personas sin domicilio y que habían sido acusados de pertenecer a la rama armada del partido comunista.
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Bajo ese tipo de acusaciones, las fuerzas militares y policiales reciben órdenes de registro que ejecutan en medio de la noche en acciones que terminan con el asesinato o el arresto arbitrario de los defensores de los derechos humanos, explicó en Ginebra la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.
Con esa misma táctica otros nueve activistas indígenas fueron asesinados el pasado 30 de diciembre, cuatro periodistas entre mayo y noviembre, y dos abogados el 17 y el 23 de diciembre, aunque la ONU aseguró que existen muchos más casos no documentados.
Shamdasani dijo que es habitual que se publiquen carteles y listas con los nombres de los activistas perseguidos, «a los que se acusa de ser comunistas, implicando que están armados».
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Agregó que el Gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes, pero todavía no se ven progresos concretos y el número de asesinatos sigue aumentando.
«El Gobierno se ha comprometido a investigar, pero estas investigaciones tienen que seguir los estándares internacionales, lo que significa que tienen que ser transparentes, creíbles, efectivas, y con el objetivo de determinar responsabilidades», señaló Shamdasani.
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