Caracas.- La ONG Refugees International (RI) advirtió este lunes que el recibimiento que los migrantes venezolanos han tenido en Ecuador ha sido «inconsistente» con sus propias leyes y de que, a pesar de su avanzada legislación, en la práctica «algunas políticas» de su gobierno les impiden «acceder a sus derechos».
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Así lo asegura la ONG con sede en Estados Unidos en un informe de 22 páginas, en el que pone de manifiesto la difícil situación de muchos de los más de 221.000 venezolanos que se han radicado en el país andino, de los 1,2 millones que han pasado por este desde 2015.
«La llegada de tantos en un corto período de tiempo ha puesto al límite la capacidad institucional de Ecuador», señala un documento titulado «Una frágil bienvenida: la respuesta de Ecuador a la llegada de migrantes y refugiados venezolanos».
Tras una investigación en el terreno durante marzo, la ONG indica que la situación de los venezolanos en Ecuador ha llegado «a un momento crítico» y que «muchos no tienen acceso a servicios sociales, incluidos los de salud, educación, vivienda o sustento».
Y atribuye la falta de respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas, por un lado, a la carencia de recursos para lidiar con el problema y, por el otro, a una serie de cambios que «parecen tener motivaciones políticas» producto de «incrementos en las llegadas, cambios de tendencia en la opinión pública o incluso brotes de xenofobia».
Unas modificaciones que afectaron la «credibilidad como líder regional» en materia migratoria de Ecuador, que alberga a la mayor cantidad de refugiados en América Latina, la gran mayoría de ellos, unos 60.000, colombianos.
«Como resultado, la ONU recientemente advirtió de que a pesar de su marco legal, el acceso a la regularización es actualmente uno de los principales retos de los venezolanos en Ecuador», subraya el informe.
Los investigadores de RI se reunieron en Ecuador con venezolanos desplazados, representantes de ONG locales e internacionales, y grupos de la sociedad civil, así como con funcionarios de agencias de la ONU y de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.
Según los datos de la organización, que coinciden con los ecuatorianos, unos 221.000 refugiados y migrantes venezolanos se han quedado en Ecuador, de los que unos 98.000 tenían regularizado su estatus a diciembre de 2018.
Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina después de Colombia, Perú y Chile, y se cree que la cifra de migrantes instalados en el país podría acercarse al medio millón para finales de año, vaticina su Cancillería.
RI cree que «la comunidad internacional, que comparte la responsabilidad de los venezolanos en Ecuador, debe brindar apoyo adicional» y apunta que, «sin ella, las instituciones de Ecuador pueden verse abrumadas por la afluencia continua de refugiados y migrantes».
En ese sentido, en una lista de recomendaciones, insta a la comunidad internacional de donantes a financiar los 738 millones de dólares necesarios para abordar el problema de la migración venezolana, de los que 117 millones corresponderían a Ecuador. Hasta ahora, este país ha recibido 17% de esa suma.
Y advierte que a medida que se reduce la capacidad del Estado con las medidas de austeridad aplicadas por la débil situación financiera del país, «es probable que aumenten las tensiones entre las poblaciones de acogida y migrantes».
A raíz de un feminicidio perpetrado a principios de año, en el que un venezolano recién llegado mató a una ecuatoriana embarazada, el Gobierno ecuatoriano exigió la presentación de antecedentes penales apostillados a los venezolanos que ingresaron en el país, medida suspendida luego por la justicia.
RI considera por todo ello que el Gobierno de Ecuador debe permanecer firme en la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes, incluidos refugiados y migrantes, y le recomienda «mantener las fronteras abiertas» y «eliminar las barreras financieras y burocráticas para el ingreso regular» de venezolanos.
También le insta a «agilizar el proceso de concesión de estatus de refugiado», «integrar a los venezolanos en la economía» e «invertir en campañas contra la xenofobia».
Información de EFE
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