Caracas.- Al menos 10 comisiones de la verdad se han instalado en Latinoamérica, en procesos de búsqueda y establecimiento de hechos posterior a décadas de conflicto o tras años de cruentas dictaduras y regímenes militares. Los procesos han convertido a la región en pionera en la implementación de enfoques de justicia transicional.
La primera comisión de la verdad en el mundo se instaló en Argentina, en la figura de la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep), reseña el Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Esta promovió, como centro de sus acciones, la búsqueda de cientos de víctimas de la dictadura militar y el establecimiento de hechos y de cadenas de responsabilidad, que impulsó no solo el enjuiciamiento de los responsables, sino que también fomentó la reparación, memoria y la creación de leyes de obediencia debida y de nuevos instrumentos para garantizar que los crímenes cometidos no se repitan.
«La justicia transicional es el conjunto de esfuerzos para la construcción de paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación», apunta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Claves | Investigación de la CPI: ¿qué viene ahora, tras las audiencias de apelación?
El caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, que consiste en una investigación de la Fiscalía que dirige Karim Khan, que compendia un grueso expediente de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano, ha puesto en la agenda el asunto de la justicia transicional.
¿Puede esta ser una alternativa para las víctimas venezolanas?
Aunque quizá sea muy pronto para plantear las posibilidades o alternativas para la implementación de justicia transicional, búsqueda de verdad y reparación de las víctimas, abogados y especialistas han respondido consultas sobre este enfoque y las probabilidades de aplicabilidad que tendría en el caso venezolano.
¿Puede una iniciativa de justicia transicional ser una alternativa para que las víctimas venezolanas encuentren justicia, reparación, memoria? En principio, el caso actual ante la CPI tendría que decidir la apelación propuesta por el Estado venezolano y que está por resolverse en los próximos 100 días tras dos audiencias celebradas en la Corte, en las que las partes expusieron sus alegatos sobre si debería continuar o no la investigación que dirige el despacho del fiscal Khan.
Durante las próximas semanas, la Corte de Apelaciones evaluará los argumentos de las partes expuestos en las audiencias, deliberará también sobre la evidencia, revisará a fondo el recurso que el Estado venezolano introdujo y la contestación dada por la Fiscalía de la CPI, las observaciones de la oficina de Defensa de Víctimas y se tomarán en consideración las consultas y aportes recabados en la sección de participación de las víctimas y reparaciones, detalla el director general de Defiende Venezuela, Carlos Briceño.
¿Cómo luciría un escenario de justicia transicional?
El abogado y director general de Defiende Venezuela, Carlos Briceño, considera que esta posible alternativa va a depender del escenario de justicia transicional y si este puede adecuarse a los estándares internacionales de implementación de esta a los fines de poner fin a la impunidad.
«Si esto es así [el escenario es favorable y existen las voluntades y condiciones], la Corte podría estimar que se están dando pasos firmes para cumplir con el principio de complementariedad, que es el principio de acuerdo al cual la jurisdicción preferente sobre los crímenes que son competencia de la Corte los debe investigar y enjuiciar el Estado en cuya jurisdicción fueron cometidos», explica.
Briceño advierte que la investigación y enjuiciamiento deben ser genuinos, lo que por ahora —en esta etapa del caso— luce poco convincente, dado que la representación de Venezuela ante la CPI ha negado de manera reiterativa los crímenes.
Además, la CPI constató, tanto como la Fiscalía y la Oficina de Defensa de las Víctimas, que el Estado venezolano no ha adelantado investigaciones: abogados que defienden a Venezuela en el proceso reconocieron que solo 5 casos, de una muestra de 124, cuentan con sentencia condenatoria.
Defensa de víctimas en la CPI reitera que Venezuela no investiga crímenes de lesa humanidad
La mayoría de las denuncias no presenta avances en la identificación de responsables y el Estado, pese a que firmó el Pacto de Roma en 2020, no ha adecuado su legislación ni trata las denuncias como crímenes de lesa humanidad.
Briceño recuerda también que la evaluación sobre este principio de complementariedad es dinámico y puede evaluarse en distintas etapas del proceso, por lo que no es un asunto que se descarte aún, pese al comportamiento del Estado ante el caso. Reconoce que hay un margen en el que seguir evaluando.
Cambio político e inicio de reconciliación: ¿es necesaria la transición y democratización para la justicia transicional?
Briceño considera que un proceso genuino de justicia transicional no puede darse bajo las mismas condiciones y circunstancias, además con el mismo sistema de administración de justicia bajo el cual se cometieron los abusos y crímenes, que, además, no ha garantizado investigaciones exhaustivas, enjuiciamiento y sanciones.
«Solo en un escenario de transición va a ser viable que se dé un proceso de justicia transicional auténtico», dice. Aunque ahora las condiciones no sean favorables, plantea que la sociedad sí puede prepararse para allanar el camino al proceso, una vez estén dadas las condiciones.
¿Cómo se prepara la sociedad? Briceño explica que la sociedad entera debe participar en el diálogo e iniciativas o proyectos que puedan servir para atender distintos aspectos del proceso, pues, como recalca, los esfuerzos de justicia transicional son singulares, cada uno es distinto a otro y responde al país, el contexto, las sociedades y la voluntad de las partes y del Estado.
La justicia transicional abarca, pero no se limita, a: enjuiciamiento, búsqueda de verdad, reparación, memoria, reforma institucional, reconciliación. Además, plantea la CIDH, estos procesos son específicos del contexto, los entornos políticos e institucionales, la historia; son además de apropiación nacional, porque las organizaciones, colectivos y víctimas se apropian y participan activamente en las etapas e implementación.
Son inclusivos, también, porque incorporan a víctimas, agresores, independientemente de su origen político, social, religioso o étnico; están enfocados en las víctimas, que deben ser tomadas en cuenta y respetadas; y son transformadores de la sociedad, porque atienden las raíces y causas profundas de la discriminación, abusos, desigualdades y exclusión.
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