Madrid.- La Justicia española aplazó la vista prevista este jueves para decidir sobre la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas del fallecido Hugo Chávez, reclamado por Estados Unidos por supuesto delito de blanqueo de capitales, informaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Velásquez, que alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento.
La Fiscalía emitió un informe en el que apoya la petición de Estados Unidos de entregar a Velásquez, detenido en diciembre de 2020 en España junto con su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela.
Estados Unidos reclama a Velásquez como presunto autor de un delito de asociación delictiva para cometer lavado de dinero, equivalente en España al blanqueo de capitales, a través de una de una organización, según explica la Fiscalía en el escrito en el que apoya la entrega.
Argumenta que se cumplen los requisitos como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España, donde también existen pesquisas sobre supuestas tramas de lavado de dinero relacionadas con la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.
El fiscal reproduce en su escrito el relato de hechos aportado por las autoridades estadounidenses contra Velásques, cuyo proceso de extradición es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez y cuya vista se celebrará más adelante.
Después de que hace dos años la Audiencia Nacional española acabase rechazando entregar a ambos a Venezuela, al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad, ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.
Según la acusación, Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, «ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».
Sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez, en beneficio de ella.
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