El actual secretario de la cámara plenaria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Enrique Parody Gallardo, negó este jueves, 14 de julio, haber sido amenazado o recompensado por el Gobierno de Nicolás maduro para declarar a su favor en el litigio en Londres por el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Parody compareció como testigo por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro y, tras presentar una declaración escrita, respondió a las preguntas de Andrew Fulton, abogado de la junta «ad hoc» nombrada por Juan Guaidó.
Presionado por Fulton, que trata de demostrar que el TSJ no es un órgano independiente, el antiguo juez aseguró que «no ha cobrado dinero», ni «recibido amenazas» ni promesa de compensación por testificar en este proceso.
Parody, que habló bajo juramento, mantuvo que «nadie» le dictó lo que tenía que declarar y rechazó que partes de su testimonio escrito fueran casi idénticas al presentado la víspera por el antiguo magistrado del TSJ Francisco Carrasquero.
Dijo además desconocer por qué había sido llamado a declarar él y no su colega Mónica Rodríguez, que era secretaria de la sala constitucional del Supremo venezolano en el periodo estudiado, lo que hubiera sido más relevante.
Rechazó la sugerencia de Fulton de que quizás vaya a ser recompensado con una posición permanente en el TSJ, donde ahora tiene un cargo temporal, y negó que al Gobierno de Maduro le guste «retener la flexibilidad de poder cesar a personas de sus cargos».
«No, hay personas con cargos fijos, titulares», mantuvo Parody, que precisó que la decisión sobre su permanencia debe decidirse a principios del año próximo.
Fulton le preguntó si sabía por qué la sentencia de 2019 en que se levantó la inmunidad parlamentaria a Guaidó, junto a otros diputados, no fue publicada, a lo que Parody respondió que debió de serlo, «al menos el resumen».
El abogado inquirió además si pensaba que la antigua jueza del Tribunal de Control María Lourdes Afiuni había sido tratada de forma injusta, al ser privada durante años de libertad desde que en 2009 ordenó la libertad del banquero venezolano Eligio Cedeño por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
Parody dijo que Afiuni «fue procesada y condenada por los tribunales de Venezuela» y atribuyó la condena internacional de su caso al hecho de que fue «mediatizado» por su familia y se presentó a la opinión pública «de forma manipulada».
El exjuez afirmó que Maduro «no» utiliza tácticas de represión contra sus oponentes y aseguró que el TSJ actúa con «autonomía judicial».
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