Londres.- El Tribunal Superior británico debe evaluar si tiene potestad para examinar la validez legal de los nombramientos hechos por Juan Guaidó, como parte de un juicio para dirimir si en Venezuela es la Administración de Nicolás Maduro o la «ad hoc» del presidente interino la que puede acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
Andrew Fulton, el abogado de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó y su exprocurador especial, José Ignacio Hernández, planteó el 24 de junio sus argumentos sobre esta cuestión de »justiciabilidad» ante el juez, Nigel Teare.
Por la otra parte, Nick Vineall representó a la junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, que alega que no es válida la directiva del banco central venezolano colocada por su rival, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Caracas.
Una vez establezca qué junta es la legítima, la corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
TRIBUNAL DE LONDRES FIJA PARA JUNIO NUEVA AUDIENCIA SOBRE ORO VENEZOLANO
Para decidir qué directiva del BCV tiene autoridad sobre el oro, el juez debe determinar primero a qué político el Gobierno del Reino Unido acepta verdaderamente como líder de Venezuela: a Guaidó, a quien el 4 de febrero de 2019 reconoció en un comunicado como «presidente constitucional interino», o a Maduro, con cuyo Ejecutivo mantiene relaciones diplomáticas.
Al tiempo que decide esto, debe pronunciarse también sobre si, llegado el caso, tiene competencias para examinar la validez de los nombramientos realizados por Guaidó para la junta del BCV en base a la legislación venezolana (es decir, si esto es «justiciable»), puesto que la otra parte los disputa.
La posición de Fulton es que el tribunal debe concluir que el Gobierno británico reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y, en consecuencia, «aceptar sin cuestionar», como «acto soberano de un Estado foráneo», sus cargos de procurador especial y a la junta del BCV, ignorando el dictamen del Supremo venezolano.
Vineall sostiene que el Ejecutivo de Londres trata «a todos los efectos» con el Gobierno de Maduro y es su junta del BCV la que está legitimada para gestionar el oro, y pide al juez que tenga en cuenta el dictamen del Supremo de Caracas desfavorable a Guaidó.
Este abogado dice que, incluso si el magistrado concluye que el Reino Unido reconoce a Guaidó, la validez de sus nombramientos «es justiciable», es decir, debe poder ser sometida a escrutinio por la corte londinense, dado que el objeto de la disputa es un oro «depositado en jurisdicción británica».
Vineall tildó hoy de «alarmante y arrogante» que Fulton sostenga que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó sin considerar su legitimidad y permitirle sin más el acceso a activos del Estado de Venezuela.
Al igual que hoy, la sesión de mañana de este proceso se dedicará a analizar el complejo asunto de la justiciabilidad, después de que el lunes y el martes los abogados se centraran en demostrar a qué político reconoce el Reino Unido como dirigente de Venezuela.
Al término de la jornada del jueves, el juez se retirará a deliberar sobre la dos cuestiones dirimidas en estos cuatro días (reconocimiento y justiciabilidad), si bien no se espera que emita un dictamen de forma inmediata.
El conjunto del proceso, incluida la demanda contra el Banco de Inglaterra, se alargará un tiempo, debido a sus ramificaciones y al precedente que sienta en el Reino Unido.
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