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lunes, 17 junio, 2024

Grupo de DD. HH. denuncia a Bolsonaro ante Tribunal Internacional por ataques a indígenas

Según los denunciantes, el mandatario deberá responder por sus "crímenes contra la humanidad", un delito previsto en el tratado internacional de Roma, del cual Brasil es signatario desde 1998

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Sao Paulo.- El Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos (CADHu) de Brasil informó este jueves que presentó una denuncia formal al Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por «incitar el genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas».

Según los denunciantes, el mandatario deberá responder por sus «crímenes contra la humanidad», un delito previsto en el tratado internacional de Roma, que reconoce el TPI y del cual Brasil es signatario desde 1998.

«Las normas del tribunal son claras con respecto a las posibilidades de responsabilización de jefes de Estado cuando estos incitan, practican o se omiten ante crímenes contra la humanidad», señaló el CADHu en un comunicado.

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En la denuncia encaminada a la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, los abogados destacan que los recientes incendios en la Amazonía, cuyas imágenes en llamas dieron la vuelta al mundo, «generan un daño ambiental y social desigual y de difícil reversión».

Además, estarían asociados a la «disputa de tierra para emprendimientos agropecuarios, grandes obras de infraestructura, minería ilegal y explotación de madera».

«Dichas actividades ejercen gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan y vienen siendo en ciertos momentos estimuladas y, en otros, ignoradas», apuntaron los abogados.

La denuncia fue presentada por el CADHu, un grupo de abogados que actúa de forma pro bono en casos de interés público desde 2012, y por la Comisión Arns, que reúne a exministros brasileños y activistas en defensa de los derechos humanos.

De acuerdo a los denunciantes, desde el inicio de su Gobierno, Bolsonaro «incitó violaciones y violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales, debilitó las instituciones de control y despidió a renombrados investigadores de órganos de investigación», además de haber sido «omiso en la respuesta a los delitos ambientales en la Amazonía».

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