El gobierno de Nicolás Maduro acusó este miércoles, 3 de enero, a la Justicia argentina de someterse a «intereses» de Estados Unidos tras ordenar el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por la nación norteamericana.
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó de manera categórica la decisión tomada por el juez federal argentino Federico Villena. El Gobierno de Venezuela argumentó que el procedimiento «intenta consumar el robo de la aeronave secuestrada en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires».
La medida fue adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
Por su parte, Venezuela aseguró que demostró, ante «todas las instancias jurídicas y políticas internacionales, la posesión legal y legítima del avión venezolano-iraní, dedicado al servicio de transporte de insumos de primera necesidad«.
«La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la Justicia y Gobierno argentinos transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materias comercial y aeronáutica», señaló.
Argentina ordena decomiso de avión venezolano-iraní solicitado por Estados Unidos
Advirtió que tomará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten, y alertó a la comunidad internacional, en especial a los países latinoamericanos, de que «cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil».
El avión venezolano-iraní, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la iraní Mahan Air y actualmente pertenece a la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.
La decisión de decomisar y entregar a EE. UU. el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y EE. UU. con el que ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».
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