La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, declaró que recibió la denuncia remitida por el gobierno de Nicolás Maduro en contra del gobierno de Estados Unidos por las sanciones en contra de los funcionarios ligados al chavismo.
Explicó que basado en el artículo 14 (1) del Estatuto de la CPI, el gobierno de Maduro le pidió que se inicie una investigación «sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela, con el para determinar si una o más personas deben ser acusadas de la comisión de tales delitos», al tiempo que señalaron que los crímenes contra la humanidad se cometen «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014».
Mediante un comunicado, la jurista nacida en Gambia, aseveró que dicha remisión está acompañada de un documento de respaldo, que especifica «aún más las circunstancias relevantes bajo las cuales se alega que ocurrieron tales crímenes», cumpliendo así con el reglamento 45 de la Corte. Por lo procedió a informar a la Presidencia de la CPI de esta referencia «para permitir la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares».
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Con esta, la fiscal asegura que su oficina ha recibido dos referencias sobre la situación que se vive en Venezuela, la primera le fue entregada el 27 de septiembre de 2018, cuando los países miembros del Grupo de Lima, denunciaron la crisis venezolana, presentando casos ocurridos a partir del 12 de febrero de 2014.
«Esto siguió a mi decisión anterior, del 8 de febrero de 2018, de abrir un examen preliminar de la situación en Venezuela para analizar presuntos delitos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados», afirmó.
Añadió que en su notificación a la presidencia de la CPI detalló que ambas referencias «parecen superponerse «geográfica y temporalmente y, por lo tanto, pueden justificar la asignación a la misma Cámara de Cuestiones Preliminares; pero que esto no debe perjudicar una determinación posterior sobre si el alcance referido de las dos situaciones está suficientemente vinculado para constituir una situación única».
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Aclaró que una remisión del Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación. Sin embargo, si finalmente determinara que la situación referida justifica una investigación de acuerdo con los criterios legales, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que el Fiscal solicite autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para proceder con una investigación El recibo de un referido puede acelerar el proceso de apertura de una investigación solo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sea requerida bajo el Estatuto.
Fatou Bensousa, inició labores en la CPI como fiscal a partir del 2002, diez años después ascendió a fiscal jefe; desde que que ocupa el cargo han solicitado en varias ocasiones su destitución por considerar que su posición es parcializada.
El 5 de abril de 2019, el gobierno de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump, anunció confirmó el veto a Bensousa, por considerar que una investigación sobre presuntos crímenes de guerra llevados a cabo por soldados americanos en Afganistán entre 2003 y 2004, violaba su soberanía nacional.
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