Miami.– El 17 de abril serán sentenciados la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Hugo Chávez. La justicia estadounidense los declaró culpables de lavado de dinero.
El juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale (a 40 km. al norte de Miami), estableció el día en un documento judicial con fecha del lunes 6 de marzo.
Primero será ella y luego él, según la decisión del juez, que originalmente sentenciaría el 21 de septiembre, pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio.
A continuación varios puntos cronológicos del caso de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa:
- El 13 de diciembre, el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de los tres cargos.
- En principio, la Justicia española rechazó en febrero de 2019 extraditar a Venezuela a la que fuera enfermera de Hugo Chávez, y a su marido, guardaespaldas del fallecido presidente.
- En octubre de 2021, la justicia española anunció la extradición de Claudia Díaz Guillén a Estados Unidos, donde se la reclamó por «asociación delictiva para cometer lavado de dinero».
- Díaz Guillén, extraditada desde España en mayo de 2022, y Velásquez Figueroa, en octubre, eran reclamados por Estados Unidos para responder a las acusaciones por blanqueo de capitales.
- Díaz Guillén y su esposo tienen doble nacionalidad, venezolano-española, y fueron muy cercanos a Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
- Aparentemente, sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen que no pueden volver al país suramericano.
- El otro extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade Cedeño, que antes de ese cargo fue guardaespaldas de Chávez, había fijado su residencia en EE. UU. después de su muerte. Se había declarado culpable y fue condenado a 10 años de prisión en octubre 2018 por haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.
- Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Estuvo en prisión desde 2019 y en octubre de 2022 recibió una reducción del 65 % de su condena.
Con información de EFE
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