Madrid.- El Gobierno español anunció el cierre de sus fronteras terrestres para frenar la expansión del coronavirus, después de que el número de contagiados superara a los de Corea del Sur tras alcanzar los 9.191, casi 1.500 más que el domingo 15 de marzo, y que la cifra de fallecidos haya superado los 300.
La decisión adoptada por España supone la activación del articulo 28 del código de fronteras de Schengen de la UE, que permite restablecer controles en situaciones como las que define el estado de alarma decretado el pasado sábado por el Gobierno español, y que abre la puerta a imponer restricciones de movilidad.
En ese contexto, las embajadas de España en numerosos países están advirtiendo a los turistas y residentes en el exterior que si piensan regresar al territorio español, lo hagan cuanto antes, ya que «las conexiones podrían complicarse próximamente debido al COVID-19».
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En el primer día laboral desde la entrada en vigor del estado de alarma, las autoridades sanitarias españolas informaron de que el número de contagiados por el COVID-19 aumentó un 25% en apenas 24 horas, lo que sitúa a España en el segundo país con más nuevos casos del mundo, por detrás de Italia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El número de fallecidos se situó hoy en 309, entre ellos un joven de 21 años que padecía leucemia, y 530 pacientes han superado la enfermedad y han sido dados de alta, mientras que la letalidad se sitúa en un 3%, dentro de «lo esperado», según el el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón.
Simón aseguró que la pandemia todavía va a crecer unos cuantos días y que para ver un descenso en la curva de contagios «las medidas deben aplicarse a rajatabla».
Sin embargo, en una entrevista radiofónica, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dio por hecho la prórroga del estado de alarma más allá de los 15 días previstos por el Gobierno y advirtió que podría conllevar medidas aún más severas que las ya adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.
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Para que estas se cumplan, tanto policías nacionales y municipales como guardias civiles y unidades del Ejército español están desplegados por todo el país.
Entre ellas, la Unidad Militar de Emergencia (UME), muy conocida entre los españoles por su ayuda en las grandes catástrofes, que desplegó hoy a 1.100 de sus efectivos en ciudades y localidades de ocho comunidades autónomas para colaborar con las fuerzas de seguridad en las labores de vigilancia y de reconocimiento previo de los lugares de mayor riesgo de propagación de la pandemia.
Como parte de uno de los operativos de vigilancia, la Guardia Civil incautó en una fábrica de Jaén (sur) 150.000 mascarillas quirúrgicas que los agentes enviaron a Madrid para ponerlas a disposición del sistema sanitario.
Consecuencias políticas y económicas
La expansión del virus obligó también a las autoridades regionales del País Vasco (norte) y Galicia (noroeste) a aplazar las elecciones autonómicas, que estaban convocadas ambas para el 5 de abril, confirmaron a EFE fuentes de las principales formaciones políticas.
En el ámbito económico se anunció una auténtica cascada de cierres temporales en todos los sectores, entre ellos el del automóvil, como el anuncio de la multinacional estadounidense Ford de parar desde mañana y durante una semana la producción en su planta de Valencia (este español) donde trabajan 7.000 personas.
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También en el sector de la alimentación, el principal franquiciador en España de Burger King dio a conocer en un comunicado que cesa totalmente su actividad en el país y que presentará un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para toda su plantilla, formada por cerca de 14.000 personas.
En el sector turístico, principal generador de ingresos del país, el Grupo Iberostar cerrará temporalmente sus 38 hoteles en España, una medida que «previsiblemente» extenderá en breve a otros países, y aplicará una «suspensión temporal de la actividad laboral a escala global» a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus.
El virus se expande entre los políticos
El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, fue el último en sumarse este lunes a la lista de políticos españoles afectados por el COVID-19.
Torra se encuentra confinado desde el lunes 16 de marzo tras dar positivo por coronavirus, según confirmó él mismo en una comparecencia telemática. Torra sufre tos y fiebre, dos de los síntomas del COVID-19.
Llevaba con esos síntomas más de 24 horas, por lo que decidió realizarse la prueba después de que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico catalán, Pere Aragonés, anunciara que también había dado positivo.
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La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso (Partido Popular), anunció el 16 de marzo que está contagiada por el COVID-19.
Antes de ellos, la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos) y el líder de Vox, Santiago Abascal, entre otros, anunciaron que habían dado positivo por coronavirus.
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