La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones contra los hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y contra otras cinco personas cercanas al régimen, así como contra tres entidades del país.
En concreto, la UE sancionó a Camila Antonia Ortega Murillo y a su hermano Laureano Facundo, así como, entre otros, a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Isabel Rocha Chacón.
Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron «serias violaciones contra los derechos humanos» y haber apoyado las elecciones «fraudulentas» del pasado mes de noviembre.
Las medidas restrictivas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
La UE aplicó las primeras sanciones contra Nicaragua en 2020 y en total afectan a 21 personas – entre ellos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otro de sus hijos, Juan Carlos Ortega Murillo – y a estas tres entidades.
Ninguno de ellos puede entrar a territorio comunitario y se les han congelado todos los bienes y activos que tengan en la Unión Europea.
La UE empezó a preparar esta última ronda de sanciones tras las elecciones del pasado mes de noviembre, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.
Según dijo entonces el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, los comicios se celebraron sin «garantías democráticas» porque el régimen de Ortega «privó» a los nicaragüenses a un coto «creíble, inclusivo, justo y transparente».
Sanciones estadounidenses
Por su parte, EE. UU. anunció este lunes nuevas sanciones económicas contra seis cargos del Gobierno de Nicaragua, y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera «cómplices de socavar la democracia» nicaragüense.
«El presidente Ortega se va a investir hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que diseñó el 7 de noviembre no le conceden un nuevo mandato democrático, solo pueden hacerlo unas elecciones libres y justas», dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.
Por una parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra tres cargos del aparato militar del país centroamericano, dos directivas del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Esas sanciones afectan a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.
El Departamento del Tesoro los sanciona por los «actos estatales de violencia» contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de «cientos de actores políticos y de la sociedad civil».
En el caso de la directora general y directora general adjunta de Telcor -Nahima Janett Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, respectivamente-, el Departamento del Tesoro las penaliza por «desinformación y persecución de medios independientes».
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