Managua.- Estados Unidos sancionó el jueves 5 de marzo a tres jefes de la Policía Nacional de Nicaragua que estuvieron entre los que fundaron esta institución en 1979, bajo el nombre de Policía Sandinista, por serias violaciones de los derechos humanos.
Los jefes policiales sancionados también son militantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), que lidera el presidente Daniel Ortega.
Estados Unidos sancionó a los jefes policiales y a la Policía Nacional como institución, por ejecutar un “importante abuso de los derechos humanos”.
Según el país norteamericano, “el régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense”.
Los tres jefes policiales fueron señalados por Estados Unidos de pertenecer a una institución estatal acusada por “usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipe de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.
Cada uno presenta un historial de señalamientos que han resultado ofensivos para Estados Unidos.
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Jefe de patrullas
Juan Valle Valle es jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional que, desde 2018, es señalada de ejecutar una estrategia de asedio contra opositores y desmontar protestas contra Ortega.
Exguerrillero y fundador de la Policía nicaragüense, Valle es uno de los jefes policiales más conocidos del país. A inicios del siglo fue investigado por disparar y matar a un joven, pero no enfrentó cargos bajo el alegato de que fue en defensa propia. En 2015 dijo no haber visto a un hombre que en su presencia disparó contra manifestantes opositores.
Valle, un miembro del Fsln que es popular dentro de la Policía, es señalado de haber ordenado ataques armados contra campesinos y jóvenes en Managua.
Estados Unidos lo sancionó “por ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder del Policía Nacional, una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
También lo acusa de “actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Jefe de cárceles
Luis Alberto Pérez Olivas, también integrante del Fsln y fundador de la Policía de Nicaragua, es el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que tiene a su cargo las cárceles de “el Chipote”, que fue denunciado como centro de torturas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Olivas fue ascendido a rango de comisionado en 2018, entre señalamientos de que sus oficiales fueron parte activa en la “Operación limpieza” que dejó cientos de muertos, presos o desaparecidos. Los opositores interpretaron el ascenso como un “premio a su fidelidad”, de parte de Ortega.
Cientos de personas secuestradas desde 2018 han aparecido días o semanas después en la DAJ, la mayoría con signos de torturas o maltrato, según han atestiguado los organismos humanitarios.
Estados Unidos sancionó a Olivas por cometer delitos similares a los de Valle y por estar a cargo de cárceles donde “ha habido denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero”, bajo instrucciones directas del jefe policial.
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Jefe contra el crimen
Justo Pastor Urbina es jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (Doep) y esposo de la subdirectora de Gestión de la Policía Nacional, Elizabeth Rodríguez. Su oficina es señalada de hacer que se cumpla la prohibición de muestras de rechazo hacia Ortega, medida que, según los expertos, contradice la Constitución.
El también militante del Fsln y fundador de la Policía Nacional en 1979 es señalado de los mismos abusos contra los derechos humanos que Valle y Pérez. “Continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país”, según el Tesoro de Estados Unidos.
Bajo su mando, la Doep, especializada en enfrentar al terrorismo y a criminales peligrosos, fue denunciada por abuso de fuerza, pero también por dedicarse a reventar globos lanzados por los opositores, a los que considera “terroristas”, y de apenas seguir al crimen organizado.
Urbina además ha sido centro de burlas por los “hallazgos” de droga en las playas cuyos traficantes nunca fueron vistos, pero también de críticas por disparar contra personas desarmadas en protestas pacíficas, así como a periodistas, y robar sus pertenencias.
Estados Unidos también emitió una sanción específica contra la Policía Nacional de Nicaragua, que se convirtió así en la primera institución del Estado nicaragüense en recibir penalidades internacionales.
La Policía nicaragüense es acusada “de ordenar, controlar o de otra manera dirigir o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso grave de violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua”.
Las sanciones
Como consecuencia, Estados Unidos ha bloqueado los bienes e intereses de los jefes policiales en su territorio, así como de entidades en las que tengan participación.
Los policías sancionados tampoco podrán realizar transacciones en Nicaragua con empresas relacionadas con Estados Unidos, incluyendo pagos a sus empleados, a partir del 6 de mayo próximo.
Sanciones similares han sido emitidas a más de 20 personas y empresas relacionadas con Ortega, entre ellos el jefe de la Policía Nacional y consuegro del presidente, Francisco Díaz, y el segundo jefe de la institución, Ramón Antonio Avellán Medal, por “graves violaciones a los derechos humanos».
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