Redacción e investigación: Armando Altuve y Daniel Benítez
Caracas.- Dos de los seis detenidos de nacionalidad venezolana por el caso relacionado con el decomiso de 1,3 millones de dólares en República Dominicana desempeñaron cargos en la empresa de Estado venezolano Briqueteras del Orinoco, anteriormente conocida como Orinoco Iron, adscrita al Ministerio de Industria y Producción Nacional. Se trata de Carlos Julio González Lozada y Estefanía Belinda Monroy Promball.
Los nuevos tres arrestos ejecutados por las autoridades de República Dominicana están relacionados con los otros tres venezolanos (dos pilotos y una pasajera que también tiene nacionalidad dominicana), quienes el martes 25 de junio de 2019 fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional La Romana cuando intentaban trasladar $1,3 millones en una avioneta con matrícula venezolana desde el país insular hacia la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, Venezuela. Además, por este caso también fueron aprehendidos dos dominicanos.
González Lozada, de 53 años, ocupó el cargo de presidente operativo de Briqueteras del Orinoco por un año. Su designación se conoció en la Gaceta Oficial 41.250 del 28 de septiembre de 2017. Fue sustituido en agosto de 2018 por José Joaquín Bartolomé Fernández.
Según la ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), González Lozada trabaja desde el 24 de agosto de 2005 en la empresa del Estado Aluminios del Caroní S.A. (Alcasa) compañía tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Allí se desempeñó como gerente de comercialización.
González Lozada desempeñó un cargo en la empresa Alcasa y fue denunciado por casos de corrupción | Foto: Archivo
La gestión de González Lozada estuvo rodeada de denuncias de corrupción. Orangel Palma, sindicalista de Briqueteras del Orinoco y dirigente del Movimiento 11, recordó que González Lozada había sido denunciado en 2013 por estar involucrado en el supuesto desvío de fondos de Alcasa S.A. Por esa razón, en 2017, solicitaron a las autoridades revisar su nombramiento como representante principal de Orinoco Iron. “Él (González Lozada), luego de esa denuncia, se desapareció y luego volvió en 2017 cuando le dieron la presidencia de Briqueteras”, señaló.
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Implicada la secretaria de González Lozada
En el operativo emprendido por las autoridades de República Dominicana, también fue detenida Estefanía Monroy Promball, una mujer que reside en Ciudad Guayana y que trabaja en Briqueteras del Orinoco, según se confirma en su perfil en la red social Facebook. Dos fuentes ligadas a la compañía del Estado, coincidieron en que Monroy comenzó a desempeñarse como asistente del entonces presidente operativo de la compañía de Estado luego de que él fuese designado en el cargo. Monroy, antes de ser secretaria, cumplía funciones en el departamento de recursos humanos de antigua Orinoco Iron.
Monroy colocó en su biografía en Facebook que laboraba en Orinoco Iron, como era conocida antes Briqueteras del Orinoco | Foto: Archivo
Monroy era la secretaria de González Lozada en Briqueteras del Orinoco | Foto: Archivo
Con González Lozada y Monroy también fue arrestado Michael Enrique Jerez Córdoba, de quien solo se sabe que trabajó en 2012 para la empresa Constructora Rusticatia S.A, ubicada en Caracas, según consta en su ficha del Seguro Social. El Pitazo no pudo determinar la relación que une a Jerez Córdoba con el expresidente de la empresa básica de Guayana y su secretaria.
Así, son seis los venezolanos detenidos por este hecho. Los primeros fueron los pilotos Claudio Alejandro Di Genova y los pasajeros Estela Gómez de Rodríguez y Jonnathan Luiciano Del Valle Mata Figueroa, este último oficial egresado de la Escuela Aviación Militar y contratista del Estado. Los dos implicados de nacionalidad dominicana son Vianela de la Cruz Adames y Fernando Arturo Ceballo Castillo.
Di Genova, Gómez de Rodríguez y Mata Figueroa fueron capturados en el Aeropuerto Internacional de la Romana, mientras que González Lozada, Monroy Promball y Jérez Córdoba lo fueron en un apartamento de Villa de Casa de Campo tras un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público de la provincia. A los últimos tres venezolanos detenidos se les confiscaron 31.000 dólares, dos vehículos, memorias USB y documentos personales.
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