Tras la explosión que se registró la noche del 31 de mayo en el P.H. Costa Mare, ubicado en Costa Sur en Panamá, que provocó la muerte de un menor de 10 meses y gravemente heridos dos miembros de su familia, abogados panameños presentaron una denuncia en contra de la empresa constructora Grupo Resende Corp. para que la Fiscalía panameña investigue de manera transparente lo sucedido.
El abogado Víctor Orobio explicó que la población debe saber que hay un presunto responsable en este accidente y que existió una conducta humana que provocó la vulneración del derecho a la vida, la integridad física, ética y moral.
Los juristas exigieron que se investiguen tres delitos: contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones personales. Además, exhortaron al Ministerio Público de Panamá a que realice una investigación transparente y sin “amiguismos”.
Estirito de Frías, funcionario de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, le explicó a El Pitazo que se encontraron las válvulas de gas abiertas y restos de cera de velas aromáticas en el lugar de los hechos. Agregó que los vecinos solo alertaron a la administración del edificio del olor de gas y no a los bomberos.
Orobio hizo hincapié en que la población debe saber que hay un culpable por el suceso: “Hay un responsable y debe salir a la luz. Se debe saber si fue un hecho fortuito o fue por negligencia”, señala el abogado.
En el accidente hubo 14 heridos, entre ellos una madre venezolana y sus dos hijos (5 años y un bebé de 10 meses), quienes quedaron con graves quemaduras. El domingo 2 de junio se informó de la muerte del más pequeño.
El abogado Orobio afirmó que si se llega a verificar que la acción fue voluntaria, los responsables podrían ser condenados hasta con 10 años de cárcel.
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“El Código Penal panameño establece que existe delitos que implican un peligro a la seguridad colectiva del país, dentro de ese peligro está justamente el hecho de que cualquier persona que cause una explosión o cualquier otro medio destructivo, tiene que ser investigada y condenada a una pena de cinco a diez años de cárcel”.
El Pitazo contactó a Lidia Pinto, jefa de comunicaciones del Grupo Resende Corp, quien señaló que la empresa “se ha caracterizado por el valor de la responsabilidad y la ética que guían sus actuaciones, haciendo las cosas bien y apegados a las regulaciones, procesos y permisos requeridos por las leyes y normativas existentes”.
Pinto agregó que la empresa ha brindado todo su apoyo a la familia afectada y precisó que los demás habitantes del edificio fueron reubicados en otros apartamentos del conjunto residencial.
Las investigaciones siguen su curso y, actualmente, están en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios por la muerte del menor de edad.
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