Dos exfuncionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo en la misma causa penal que el gobernante Nicolás Maduro y el líder chavista Diosdado Cabello ya enfrentan cargos en Estados Unidos. Se trata de Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, dos militares con roles operativos y de inteligencia en el gobierno de Venezuela que ya están detenidos.
Una nota de la Voz de América (VOA) recuerda que sobre los altos funcionarios venezolanos «aún están activas» recompensas millonarias por información que permita las capturas y las acusaciones penales en Estados Unidos de líderes chavistas presuntamente involucrados en crímenes de narcoterrorismo.
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Sobre este tema, un portavoz del Departamento de Estado dijo a VOA que «solamente el secretario de Estado tiene la autoridad de autorizar el pago de las recompensas».
Asimismo, la fuente aseguró que las ofertas de dinero para los “objetivos actualmente incluidos en la página web del Programa de Recompensas de Narcóticos aún están activas”.
Programa de recompensas
Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, dos militares señalados en ese programa de recompensas, ya están detenidos, extraditados y procesados judicialmente en Estados Unidos.
Los nombres de ambos exfuncionarios figuran en la misma acusación penal federal donde están Maduro, Cabello y Tareck El Aissami, presentada en marzo de 2020.
La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el Programa de Recompensas de Narcóticos en coordinación con las agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos y otras agencias, precisó el portavoz.
Añadió que únicamente el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “tiene la autoridad para determinar si una recompensa será pagada, así como el monto que será pagado”.
E medio estadounidense destaca que el Departamento de Estado ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas como las ofrecidas por Maduro, Cabello, El Aissami, Alcalá y Carvajal, este último extraditado el pasado 17 de julio desde España.
“En casos donde exista una jurisdicción penal federal, el secretario de Estado debe obtener la autorización del fiscal general”, detalló el portavoz del Departamento de Estado. Merrick Garland ejerce este cargo desde marzo de 2021.
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