La representación del Estado venezolano reconoció este miércoles 8 en la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CIP) que de 124 casos o incidentes presentados había logrado sentencia condenatoria solo en 5 de ellos, lo que representa el 4 % de la muestra de casos de presuntas violaciones a derechos humanos.
La declaración fue hecha durante el segundo día del proceso de apelación que introdujo en junio Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar el reinicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano y que dirige el despacho de Karim Khan.
Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la CPI, preguntó a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro sobre el estatus de los 124 incidentes presentados ante el tribunal.
La estrategia de la delegación venezolana se enfocó en atacar el proceso, argumentar la supuesta falta de competencia de la Corte Penal, negar que en Venezuela se hayan cometido delitos de lesa humanidad y hasta afirmar que el sistema de justicia de Venezuela es más diligente que el mismo tribunal.
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«Los datos actualizados en relación con esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos», respondió el abogado Aitor Martínez Jiménez, de la delegación de Venezuela.
La declaración fue seguida por el también abogado del Estado venezolano, el británico Ben Emmerson. Afirmó que los casos continuaban en fase de investigación: “Evidentemente, en algunos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”.
La audiencia transcurrió este miércoles en un tono combativo. El canciller venezolano Yván Gil Pinto, designado por Maduro en enero de 2023, se quejó ante la Corte de que el proceso —tanto el inicio de la investigación y apertura del caso contra Venezuela, como la apelación del Estado— estaba lleno de irregularidades.
«La sesión de hoy demostró muchas irregularidades en este proceso contra Venezuela. No tenemos nada que esconder. Pedimos un trato justo, equilibrado y objetivo«, dijo Gil durante su intervención en la Corte, en la que reiteró que la denuncia para solicitar la reanudación de la investigación sobre supuestas violaciones a derechos humanos por parte de Venezuela tenía un móvil político.
Gil cuestionó el desarrollo de la audiencia ayer martes y también planteó que el caso contra Venezuela respondía a una maniobra política del Grupo de Lima y del expresidente estadounidense Donald Trump. Venezuela es el único país de Latinoamérica con un caso abierto en la Corte Penal Internacional (CPI).
El canciller venezolano también insistió en negar que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad y sugirió que la justicia venezolana es más diligente que la CPI.
«El número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de Justicia venezolana relacionados con la situación supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal internacional en los últimos 20 años«, remató.
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Juez de la CPI reprende a la delegación de Venezuela
El juez de la Corte Penal Internacional (CPI), Marc Perrin de Brichambaut, advirtió a la delegación venezolana que no aceptaría «lenguaje irrespetuoso» durante el proceso y recordó a las partes las normas de respeto y decoro durante las audiencias en esa instancia.
«Es mi deber recordar a todos los abogados aquí presentes de las prácticas normales que se aplican en esta Corte. Lenguaje irrespetuoso, calificaciones incisivas son inadecuadas, inapropiadas como medios para expresar puntos de vista de las partes y participantes y no se reconocerán como válidos. Nuestros debates se inspiran en el principio del respeto de la Ley y respeto mutuo entre las partes. La Sala espera que quede entendido», argumentó.
El Juez también recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el 2000, y que, por tanto, se sometía a la jurisdicción y actuaciones de la Corte.
“Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó a la delegación de Venezuela.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza destacó que de los casos e incidentes presentados por Venezuela, una gran mayoría permanece en fase preparatoria, sin acusación formal, y muchos de estos no presentan una caracterización jurídica adecuada.
Fiscalía presiona para que se investiguen crímenes
La Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos reportados por el Estado venezolano han visto que en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento, donde todavía no ha habido una acusación formal.
La Fiscalía también aseguró que informó oportunamente a Venezuela sobre crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas y que las autoridades solo se refirieron a tres casos, de los cuales solo uno estuvo sustentado.
Pese a que estos crímenes o casos ocurrieron en el contexto de represión de manifestaciones o disenso, o a víctimas en custodia del Estado, la Fiscalía cuestionó que Venezuela no estaba investigando la intención discriminatoria en la comisión de estos crímenes.
La Oficina de Defensa de las Víctimas coincidió con la Fiscalía en que los órganos de investigación en Venezuela no se han ocupado de la intención discriminatoria al analizar los hechos ni de los crímenes de naturaleza sexual.
También recordó que la violación en el contexto de persecución es un crimen diferente a la violación ordinaria. Los abogados de la defensa de las víctimas consideraron importante hacer la distinción y que se reconozca el contexto porque representa para las víctimas una forma de reparación.
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