La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) tendrá un máximo de 100 días para decidir si la Fiscalía puede avanzar o si paraliza por completo la investigación que el despacho del fiscal Karim Khan adelantó contra el Estado venezolano sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Las dos audiencias celebradas este martes 7 y miércoles 8 de noviembre permitieron a las partes presentar sus argumentos en el caso de la apelación de la delegación de Venezuela y que pedía paralizar la investigación.
Durante las próximas semanas, la Corte de Apelaciones evaluará los argumentos de las partes expuestos en las audiencias, deliberará también sobre la evidencia, revisará a fondo el recurso que el estado venezolano introdujo y la contestación dada por la Fiscalía de la CPI, las observaciones de la oficina de Defensa de Víctimas y se tomarán en consideración las consultas y aportes recabados en la sección de participación de las víctimas y reparaciones, detalla el director general de Defiende Venezuela, Carlos Briceño.
Briceño destaca que también debe considerarse que el Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a la Corte presentar una opinión, o amicus curiae, en la que un tercero ajeno a un litigio ofrece de manera voluntaria su opinión jurídica, alegatos, demanda o exhorto jurídico sobre una materia.
«La Sala de Apelaciones autorizó al Panel de Expertos para rendir su opinión, por lo que estaremos esperando también que esa opinión sea presentada y evaluada por los jueces», explica.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidió en junio autorizar la continuidad de la investigación tras constatar que el Estado venezolano no estaba procesando las denuncias y los delitos que son el centro de la investigación del fiscal Khan y que involucran violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La Sala concluyó que, si bien el Estado venezolano implementa algunas medidas de investigación, «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación» prevista por la Fiscalía de la CPI.
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¿Qué viene ahora?
Las dos audiencias de apelación no fueron muy favorables al Estado venezolano. La Corte cuestionó que la representación de Venezuela no hubiese presentado información completa sobre el procesamiento de los casos.
La Fiscalía y Jueces criticaron que se presentaron fichas de casos y no expedientes bien documentados. Además, la Fiscalía acusó a Venezuela de atiborrar la Corte con miles de documentos «irrelevantes» sin la debida traducción a los idiomas oficiales (inglés y francés).
Pese a que los abogados de Venezuela y el propio canciller Yván Gil Pinto dijeron que en el país no se cometieron ni se cometían delitos de lesa humanidad, el despacho de Defensa y Representación de las Víctimas aseguró que no había evidencias o muestras de que el Estado estaba investigando las denuncias y casos específicos de delitos cometidos por funcionarios y cadenas de mando.
Además, los jueces reprendieron a la delegación venezolana por el lenguaje usado en los procesos, instaron a no usar descalificaciones y llamaron a las partes a recordar las normas de respeto y decoro de estos procedimientos.
La cofundadora y coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón, ONG que documenta casos y promueve la defensa de derechos humanos, Martha Tineo, explica que la Corte puede resolver la apelación de dos maneras: ratificar la decisión que autorizó al Fiscal a proseguir la investigación o revocarla.
«Nosotros hacemos un balance y no tenemos dudas de que será favorable en cuanto a que la investigación continúe», dijo a El Pitazo.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) también denunció que la representación del Estado venezolano mantenga su estrategia de negar los crímenes en la investigación de la CPI.
Calixto Ávila, abogado de Provea, destacó en junio que con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, el fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudará de inmediato la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El dictamen de la Sala de Apelaciones aceleraría entonces aún más las actividades de la Fiscalía al dar continuidad al proceso contra Venezuela.
«Lo que viene es que el fiscal de la Corte Penal Internacional verá sus facultades investigativas atribuidas de manera inmediata», concluyó el miembro de Provea.
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