Caracas.- La Audiencia Nacional española aprobó este viernes 15 la extradición a Estados Unidos de la extesorera nacional y quien fue enfermera del expresidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, acusada de blanqueo de capitales y organización criminal y por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de lavado de dinero en moneda extranjera.
Díaz fue detenida y posteriormente liberada junto con su esposo, Adrián José Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020, tras la reclamación de Estados Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos por participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de capitales. Pese a su liberación, ambos tenían prohibido salir de España y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.
Estados Unidos no solo señaló a Díaz y a Velásquez, sino que también incluyó en la trama de lavado de dinero al empresario Raúl Gorrín y a otro extesorero nacional, Alejandro Andrade Cedeño.
De acuerdo con las acusaciones precisadas por un tribunal del Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 Díaz, junto con los otros acusados, estuvo involucrada en un esquema corrupto mediante el que ejecutaba operaciones financieras de cambio de moneda con entidades gubernamentales.
De estas operaciones se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse los derechos de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.
«Gorrín hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén, con el fin de asegurar una ventaja indebida en la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.
Según lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasma para disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, al pagarle a Velásquez Figueroa.
El tribunal del Distrito Sur de Florida imputó entonces a Díaz Guillén por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de lavado de dinero.
«Desde 2008 hasta 2017, los acusados, a sabiendas de deliberadamente combinar, conspirar y ponerse de acuerdo entre sí, transfirieron fondos a EE. UU. con la intención de promover una actividad ilegal específica y una violación a las leyes», se lee en el documento difundido por la Corte estadounidense en diciembre de 2020.
En junio de 2020, la ex fiscal general de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz, señaló que la operación con la que Gorrín se lucró comenzó bajo la gestión de Andrade Cedeño en la Tesorería Nacional y se mantuvo durante la administración de Díaz Guillén al frente de esa institución.
De acuerdo con lo detallado por Ortega Díaz, desde la Tesorería le vendían a Gorrín bonos con denominación en libras esterlinas y luego el empresario los vendía y posteriormente pagaba a la Oficina Nacional del Tesoro en bolívares.
«Gorrín compraba los bonos sin hacer ninguna inversión. Después de que los vendía en libras esterlinas era que pagaba a la Oficina Nacional del Tesoro en bolívares, a 4,30 bolívares por dólar, precio fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV)», detalló Ortega Díaz.
De acuerdo con la ex fiscal general, Gorrín pagaba adicional «una prima de 1,50 bolívares por cada dólar para hacer ver que era un precio más alto que el dólar oficial y que el Estado estaba ganando con la venta, cuando quien se lucraba de manera descomunal era Gorrín».
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