Caracas.- Las autoridades de Chile investigan el asesinato de una mujer transgénero cuyo cuerpo encontraron en el Parque Forestal de Santiago, en la comuna de Recoleta, cerca del centro de la capital, la madrugada de este martes, 8 de noviembre. Se presume que de trata de un crimen de odio.
Según reseñó la agencia de noticias EFE, la vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, condenó el ataque y exigió a la policía y a la fiscalía que la investigación se realice con «la máxima rigurosidad», a fin de aclarar las causas del delito.
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A juicio de la activista, el asesinato estuvo relacionado con la identidad de género de la víctima; que el caso se trata de un femicidio y enfatizó que «es ampliamente conocido que los victimarios suelen actuar con mayor alevosía o violencia cuando las víctimas de los ataques tienen una identidad de género u orientación sexual diversa».
De confirmarse que la mujer fue víctima de un crimen de odio, se trataría del quinto asesinato transfóbico u homofóbico en lo que va de año en Chile, dos más que en 2021, según estima Movilh. Entre los años 2002 y 2021, Chile ha registrado 56 homicidios de esta índole.
Tras el asesinato, el Movilh convocó una marcha el 19 de noviembre contra los crímenes de odio y para exigir avances en la reforma a la Ley Zamudio.
Ley antidiscriminación en Chile
Desde 2012 Chile impulsó una Ley Antidiscriminación conocida como Ley Zamudio, en memoria de Daniel Zamudio, víctima de un asesinato homofóbico en el Parque San Borja, ubicado en el centro de Santiago.
Su caso quedó registrado como uno de los más brutales conocidos en el país y marca un antes y un después en la historia de los derechos Lgbtqi+, que dio origen a la primera sentencia por un crimen homofóbico en el país suramericano.
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Aunque el precepto ha representado cambios significativos para la comunidad Lgbtqi+ chilena, activistas de la diversidad sexual consideran que la ley tiene algunas deficiencias, como la falta de una institucionalidad antidiscriminatoria, que sea la víctima quien deba probar el abuso ante la justicia, o la imposibilidad de cuestionar fallos y sentencias discriminatorias.
En este sentido, en 2019 ingresó al Parlamento un proyecto de reforma que avanzó tímidamente en 2021 y que hasta ahora se mantiene estancado. La propuesta establece un aumento de las penas, indemniza a víctimas y familiares y permite añadir agravantes en las querellas por delitos de discriminación.
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