El gobierno de Estados Unidos pidió al juez federal que lleva el caso del empresario colombiano Alex Saab que no se le permita presentar declaraciones de testigos por video desde Venezuela, puesto que con esto él busca demostrar que se habría desempeñado como diplomático y así no ser enjuiciado por lavado de dinero.
A juicio del gobierno estadounidense, Saab ha hecho mínimos esfuerzos para que los testigos puedan ir a declarar en persona a Estados Unidos y ningún esfuerzo para garantizar salvaguardas apropiadas que validen la integridad del testimonio de esos testigos, dice el documento de seis páginas que aparece en el expediente electrónico en línea.
La fiscalía presentó el documento al juez Robert Scola este lunes, 12 de septiembre, luego de que el pasado viernes Saab le solicitó al mismo juez que le permita presentar a por lo menos dos testigos por video en una audiencia del próximo 31 de octubre, donde se abordará el tema de su presunta inmunidad diplomática, reseña AP.
Aunque en su moción la defensa de Saab no identificó a los testigos, dijo que uno de ellos es un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela y el otro es un funcionario venezolano, llamándolos VZ Testigo 1 y VZ Testigo 2, respectivamente. Agregó que dirá sus nombres antes del 17 de octubre.
Los abogados dijeron que ninguno de los testigos de Saab puede acudir en persona porque las citas para la visa estadounidense requieren una entrevista en la embajada de Estados Unidos en Colombia, que no estaría a tiempo para la audiencia. Además, alegaron que ninguno de ellos tiene las vacunas contra el COVID-19 que el gobierno estadounidense exige para ingresar a su territorio.
Saab aseguró que estos dos testigos son “muy importantes para garantizar la administración justa y equitativa de la ley”, publicó AP.
Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos acusa a Alex Saab de ser un testaferro de Nicolás Maduro y de obtener una fortuna de más de 350 millones de dólares a través de negocios que habría conseguido tras pagar sobornos al gobierno de Maduro y falsificar documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Con información de AP
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