Ginebra.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes 22 de junio ante el Consejo de DD. HH. de la ONU la represión policial que se vive en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios presidenciales de noviembre.
“Desde 2018 este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua, pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, señaló la expresidenta chilena en su intervención.
Bachelet lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía Nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.
También se ha detenido a otros ochos líderes políticos y dos dirigentes gremiales, “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”, según Bachelet, quien insistió en que los arrestos han estado rodeados de “graves violaciones de las garantías procesales”.
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Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, “como en efecto está ocurriendo”, aseguró la alta comisionada.
Bachelet criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión “no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”, así como la disolución de dos partidos políticos.
Asimismo, la alta comisionada afirmó que desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la “persecución selectiva” contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos”, expresó Bachelet, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.
Estos abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, “generan un clima de temor”, que en opinión de la alta comisionada “inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”.
Bachelet pidió por todo ello al Gobierno del presidente Daniel Ortega “cambios urgentes”, que “implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.
También apeló a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.
Reclamó por último que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, “a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país”.
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