Caracas.- El empresario colombiano Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el testaferro del gobernante Nicolás Maduro, se ha empeñado en demostrar su inmunidad diplomática desde que lo arrestaron en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la agencia Associated Press (AP) este 14 de octubre, Saab presentó ante una corte federal una serie de correos electrónicos con los que busca demostrar que EE. UU. sabía que él era un diplomático cuando las autoridades caboverdianas lo detuvieron.
Uno de estos presuntos emails en los que, presuntamente, se comenta el estatus diplomático de Saab son de Elliott Abrams (exenviado especial para abordar la situación de Venezuela) en la administración de Donald Trump.
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Un correo de Abrams con fecha del 14 de junio de 2020 dirigido a Bruce Swartz, para entonces asistente del fiscal general, señalaba: «El secretario (Mike) Pompeo se pregunta si podemos argumentar que su pasaporte venezolano es ilegal porque lo otorgaron delincuentes, no el presidente (Juan) Guaidó, pero si hubiera sido emitido antes de enero de 2019 también reconocíamos a Maduro».
Asimismo, en otra parte del texto el exfuncionario de Trump escribe que Saab no estaba acreditada ante Cabo Verde ni se encontraba en misión diplomática en ese momento. «Podría decirse que estaba involucrado en una misión diseñada para violar las sanciones de la ONU (Naciones Unidas) contra Irán», se lee en el texto que supuestamente envió Abrams a Swartz.
Venezuela notificó sobre estatus diplomático de Saab
La información publicada por la AP sostiene que la defensa de Alex Saab presentó documentos para demostrar que Venezuela informó a Estados Unidos sobre la designación del empresario colombiano como «enviado especial», por lo que se le otorgó una credencial y un pasaporte diplomático.
El documento alega que por dicha condición, Saab no podía ser objeto de ninguna forma de detención.
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Saab fue extraditado a EE. UU. el pasado 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde. El país norteamericano lo solicitaba por estar involucrado en una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
El empresario se declaró «no culpable» de lavado de dinero en noviembre de 2021 y se enfrenta a una condena de unos 20 años.
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