El gobierno filipino de Rodrigo Duterte protagonizó un nuevo ataque contra la prensa, luego de solicitar al Tribunal Supremo el cierre de la estación ABS-CBN, la mayor cadena de televisión de Filipinas, uno de sus medios más relevantes y donde trabajan más de 11.000 periodistas.
El fiscal general, Jose Calida -una figura que en Filipinas equivale al del abogado del gobierno- presentó ante el Tribunal Supremo una petición para que no se renueve la licencia para ABS-CBN, que expira en marzo de 2020 tras 25 años operando. La decisión de renovar la licencia recae en el Congreso, pero el Supremo, con una mayoría de magistrados aliados del presidente, puede intervenir esa resolución.
Calida alegó que ABS-CBN «está ejerciendo ilegalmente», ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que viola la ley filipina sobre medios nacionales. «El gigante mediático se ha escondido detrás de un elaborado velo corporativo y ha permitido que inversores extranjeros participen en la propiedad de una entidad de medios de comunicación filipina», señaló el fiscal en un comunicado.
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La cadena televisiva rechazó los alegatos del gobierno de Duterte y aseguró no haber transgredido la ley. El medio afirmó que la acción del mandatario busca bloquear los servicios que ABS-CBN brinda a la población.
Este es el mismo argumento con el que la administración Duterte ya trató de suspender la licencia hace dos años del portal Rappler, dirigido por la periodista Maria Ressa, que tiene varias causas pendientes con la justicia que muchas organizaciones consideran «ataques a la libertad de prensa» por su periodismo crítico.
Algunos medios apuntan a que la enemistad del mandatario con la cadena se gestó durante la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña del mandatario.
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