Caracas.- Desde abril de 2020, algunos jubilados del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) se han visto impedidos de retirar la caja de comida mensual que este organismo les entrega.
Según la denuncia recogida por el infociudadano Arich Romero este miércoles 10 de junio, la directora de Recursos Humanos del Ipasme, Matilde Sousa, ha colocado múltiples trabas a distintos jubilados del ente para retirar este beneficio, especialmente a aquellos que envían a familiares o terceros para que reciban la caja de comida por ellos.
El también líder comunitario en distintas parroquias del oeste de Caracas comenta que los principales afectados son los jubilados que viven en ciudades satélite de Caracas, como La Guaira, los Valles de Tuy y otras poblaciones del estado Miranda. Aunque también asegura que algunos pensionados de la capital se encuentran afectados.
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“Estas personas envían a familiares o amigos a que retiren la caja por ellos, debido a que viven fuera de Caracas y por la pandemia no pueden movilizarse a la capital. Eso, o bien porque son personas muy mayores, con enfermedades crónicas, o sin la fuerza necesaria para hacer ellos mismos la diligencia”, añade Romero.
El infociudadano destaca que estos trabajadores, incluso, envían autorizaciones firmadas y con cédula para efectuar el retiro, pero la ciudadana Matilde Sousa se niega a hacer entrega a terceros y exige informes médicos, presencia del titular beneficiado u otros requisitos que son difíciles de cumplir para los extrabajadores del Ipasme.
“Estos son señores mayores con 70 y hasta 85 años de vida, ¿cómo tú le pides a alguien de esa edad que vaya a retirar una caja de alimentos que muchos no pueden cargar y siendo, además, población de riesgo en esta pandemia?” pregunta Romero.
Puntualizó que un informe médico es un requisito que muy pocos jubilados pueden cubrir económicamente, ya que en una clínica privada cualquier consulta significa un gasto mínimo de 20 dólares, y un pensionado devenga apenas 2 dólares mensuales (400.000 bolívares).
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En el caso de los hospitales públicos, Romero afirma que muchos solo están atendiendo casos sospechosos de COVID-19 y emergencias, y obligar a que una persona mayor asista a estas instituciones para recibir un informe también puede representar una exposición innecesaria al virus.
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