Gran Sabana.- Líderes indígenas hicieron un llamado de alerta tanto a la Asamblea Nacional (AN) como a organismos internacionales, para que declaren en emergencia a los pueblos de la Gran Sabana, asegurando que la persecución política y amenazas no cesan, por lo que cada vez son más los desplazados hacia Brasil.
Pio Rossi, indígena kamarakoto, quien desde hace años adelanta proyectos sociales en comunidades nativas del municipio Gran Sabana, advirtió que desde el 22 de febrero la vida de los pueblos indígenas cambió drásticamente y que hoy en día, están en el blanco del Gobierno de Maduro por “vivir en las tierras donde hay incontables cantidades de minerales, que son codiciados por quienes dominan las nuevas tecnologías”.
“La Gran Sabana está en manos del Gobierno nacional, que con su gente, sus maleantes, antisociales, aplastaron a fuerza de fusil la armonía en la que convivíamos a pesar de nuestras diferencias políticas e ideológicas”, contó el líder indígena a El Pitazo.
Rossi junto a su familia, permanecen resguardados en Brasil junto a otros 540 pemones que se vieron obligados a abandonar sus tierras por ser familiares de caciques, haber participado en las protestas del 22 y 23 de febrero a favor del ingreso de la ayuda humanitaria o residir en puntos cercanos a donde se ejerce la minería.
Los exiliados estuvieron este fin de semana dando parte de su situación al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Romel Guzamana, quien fue comisionado por el parlamento para atender sus demandas.
“Los indígenas de la Gran Sabana somos objetivo militar porque nosotros somos pisatarios de tierras donde hay coltán, torio y sencillamente nos tienen que sacar a plomo para ellos poder explotar esas tierras que resultan ser la ambición del mundo”, indicó.
Detalló además que “los funcionarios que trabajan para el Gobierno nos tienen en la mira, porque ahora denunciamos lo que ellos tratan de esconder y eso ha traído como consecuencia la persecución, por resguardo de la familia hemos salido de nuestras comunidades y estamos en el extranjero”.
Mafias son la añadidura
Pío Rossi dijo que la situación que viven indígenas y criollos en la frontera de Santa Elena de Uairén con Brasil, se complica con la instauración de mafias que cobran vacuna “a cada carro y comerciante para poder transportar comida y medicinas”. Alegó que a estos irregulares se le sumaron indígenas de la comunidad de San Antonio, que también cobran cuotas para permitir el acceso a Brasil por sus linderos.
“Vemos con preocupación y tristeza a militares de alto rango, gente muy estudiada, repitiendo consignas sin siquiera saber qué están diciendo, rebajándose ante un sistema que está acabando con nuestro país, eso hace que el pueblo pemón esté triste pero a la vez sabemos que esto va a pasar porque muchos van a reflexionar, a despertar y a hacer que todo esto termine pronto”, finalizó.
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