Ciudad Guayana.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos iniciaron una campaña para exigir la liberación de Rodney Álvarez, trabajador de CVG Ferrominera, que se encuentra detenido desde hace ocho años, culpado por el asesinato de otro ferrominero, Renny Rivas.
En julio se declaró en rebeldía a través de una carta en la que expresó que su caso no reviste de carácter penal, pues lleva ocho años y no ha recibido sentencia, su caso tampoco se encuentra en fase de juicio porque ha sido suspendido en diversas ocasiones.
“Rodney se declaró en rebeldía porque no ha aceptado la libertad condicional a cambio de declararse culpable. Es capaz de sacrificar su libertad para demostrar que la corrupción judicial está en contra de los pobres”, manifestó Robzayda Marcos Vera, representante de la organización Laguarura.
Explicó que luego de que la madre de Álvarez y sus abogados defensores lograron introducir el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidieron realizar esta campaña para visibilizar el caso y resaltar la valentía del ferrominero.
Diferentes organizaciones se han sumado a la campaña a través de las redes sociales, con el fin de informar sobre este caso que es considerado para Marcos Vera, como un espejo de muchos otros casos que ocurren en Venezuela y no se conocen.
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“Esto sirve de espejo de gente que ha estado callada durante mucho tiempo y están en situaciones similares que ayudan a revelar que en Venezuela hay un caos judicial y no se ha tenido las herramientas para enfrentarlo”, mencionó la representante de Laguarura.
Mensaje a los ferromineros
Los compañeros de trabajo de Álvarez se mantuvieron en protestas durante los primeros meses de su detención, pero tras su traslado a El Rodeo II en el estado Miranda, se ha vuelto mucho más complicado para estos continuar asistiendo.
“La lucha se ha debilitado porque eso es lo que quería el gobierno, entre esos el exgobernador de Bolívar, (Francisco) Rangel Gómez. Es difícil para su familia viajar a visitarlo por los costos de traslado”, indicó Marcos Vera.
Ferrominera despidió a Álvarez luego de su detención, por lo que quedó sin el salario y beneficios de los cuales dependían económicamente sus hijos y familiares. Esto ha dificultado mucho más las visitas familiares.
A los testigos del caso los han perseguido y encarcelado como es el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y que fue juzgado a cinco años y nueve meses de prisión en la cárcel de La Pica en el estado Monagas.
“No hace falta ser trabajador de Ferrominera para sentirse identificados por esta lucha, porque es una gran cantidad de trabajadores que han sido apresados y asesinados por defender las luchas laborales”, sentenció.
Desde la organización pidieron a la sociedad civil que desean participar en la campaña a que enviaran videos con mensajes de apoyo a Álvarez y que van a ser difundidos a través de las redes sociales
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