Caracas.- Los mineros brasileños (garimpeiros) estarían ocupando de manera ilegal y con la venia de la Fuerza Armada Nacional (Fan) de Venezuela, al menos, un centenar de comunidades de diferentes etnias en el estado Amazonas.
Los datos fueron revelados en un reportaje del medio de comunicación brasileño Universo Online, que tuvo acceso a fotografías y videos, y logró entrevistar a varios indígenas de la etnia yanomami, una de las más afectadas con el contrabando del oro en el país.
Las pruebas obtenidas por UOL muestran la acción de los brasileños en las inmediaciones de la Sierra Parima, zona yanomami venezolana, en la cabecera del río Orinoco, con helicópteros matriculados en Brasil.
Los indígenas entrevistados aseguraron que, para mantener el esquema, los mineros ilegales pagan sobornos en oro al Ejército de Venezuela y a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que también ocupan el lugar.
“Los disidentes de las Farc son los que controlan la economía en todos los sectores. Controlan absolutamente todo con sobornos”, afirmó Romel Guzamana, de 44 años, líder indígena residente en Puerto Ayacucho, abogado, diputado indígena a la Asamblea Nacional de 2015 por los estados Apure y Amazonas, y presidente del Parlamento Amazónico.
De acuerdo con el testimonio de otros informantes, los mineros pagan 30 gramos de oro a los militares venezolanos por cada máquina instalada y el oro que extraen lo cambian en territorio nacional para evitar riesgos a la hora de pasar la frontera. Esta operación es llamada dólar-cabo.
Según la ONG SOS Orinoco, con base en testimonios de indígenas, actualmente hay 34 máquinas activas en siete sectores solo en la Sierra Parima.
Los entrevistados no llegaron a un consenso sobre la cantidad de mineros brasileños ilegales que se encuentran en territorios indígenas. Estiman entre 500 a 5.000. Aseguran que su presencia data del año 1993.
Además del delito ambiental que supone este tipo de actividad, las comunidades aseguran que los indígenas son asesinados, tal como ocurrió el 20 de marzo, cuando cuatro yanomami murieron a manos del Ejército.
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