Como sujetos vestidos de civil, algunos con chalecos antibalas y todos portando armas largas y automáticas, fueron descritos los sujetos que recorren Santa Elena de Uairén con una lista en la mano, donde reposan los nombres del alcalde y principales líderes indígenas de la zona.
Dicen que pertenecen al Dgcim y Sebin y que su labor es hallar a los siguientes «prófugos de la justicia», acusados de «fomentar los recientes hechos violentos» ocurridos en el municipio Gran Sabana: Emilio González (alcalde), Juvencio Gómez, Ricardo Delgado, Richard Fernández, Tony Fernández, Marturino Pérez, Pío Rossi, Roger Lezama y Yury Cabrera.
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Fueron estos los caciques que, junto a miembros de la Guardia Territorial Pemona, resistieron el ingreso aéreo y por carretera de funcionarios de la Guardia Nacional que impidieron la entrada de la ayuda humanitaria por Brasil.
Ya los han amenazado en reiteradas oportunidades con entregarlos al Gobierno de Maduro, «vivos o muertos». Este grupo de ocho caciques encabezó varias asambleas antes del 23 de febrero, preparándose para garantizar que la comida y medicinas entraran al territorio nacional. En conjunto con la Guardia Territorial, se dispusieron a resguardar todos los lugares por donde pudiesen entrar los guardias, pero jamás imaginaron que serían quitados del camino a plomo limpio.
Antes del 23, resistieron en dos oportunidades la entrada de militares por el aeropuerto y una vez en la comunidad Kumaracapay, donde ocurrió un ataque armado de parte de los uniformados, que dejó dos muertos y 13 heridos (este domingo la cifra de fallecidos ascendió a siete con el deceso del chofer Jorge González Parra, de 40 años, quien recibiera un tiro de fusil cuando participaba en las protestas del 23 de febrero en Santa Elena.
Voceros pemones denunciaron que los presuntos funcionarios de inteligencia tomaron la comunidad de Manakrü, donde está ubicada una de las sedes de la Guardia Territorial. Este era el lugar que más frecuentaban caciques para realizar sus asambleas, y aquí también se resguardaban.
Integrantes de este cuerpo de seguridad indígena, conocido por expulsar a funcionarios del Cicpc y eliminar su sede en Santa Elena al enterarse de que estaban involucrados en hechos de corrupción, evitar el ingreso de criminales a las minas y encargarse de la detención —amparados en sus propias leyes— de los delincuentes del municipio, también son perseguidos.
Se dice que todos ellos se encuentran en territorio brasileño en resguardo con sus familias y a la espera del ingreso al país del presidente Juan Guaidó, de quien aguardan instrucciones para su protección y retorno a su territorio.
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