Caracas.- Desde el 2016 el Arco Minero del Orinoco fue renombrado como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, y desde entonces, decenas de grupos mineros irregulares han desplazado de forma violenta a los habitantes originarios de esas áreas, antes protegidos por leyes que impedían la explotación de recursos minerales.
Ya desde finales de 2019 una investigación presentada por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, daba cuenta de al menos 146 indígenas asesinado y tribus enteras desplazadas por grupos irregulares que buscan minerales.
«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet en esa oportunidad.
LEE TAMBIÉN
Bolívar | Indígenas de Sifontes denuncian invasión de grupo armado en sus tierras
En agosto de 2020, el diputado Américo de Grazia denunció que al menos 30 etnias indígenas se encuentran en riesgo por las actividades ilegales en el Arco Minero.
Denuncias sin respuesta
Este 2 de febrero nativos de la etnia pemón denunciaron la llegada de lanchas con decenas de “mineros artesanales” y hombres armados al municipio Sifontes del estado Bolívar, y se instalaron en los terrenos de la comunidad indígena San Luis de Morichal.
Un vocero aseguró a El Pitazo que más de 300 indígenas temen por sus vidas, debido al tono y actitud amenazante con la que llegaron. Además, sostiene que las autoridades ya fueron notificadas de lo ocurrido, pero aún no han recibido respuesta.
Situación similar han vivido otras comunidades en Amazonas y Delta Amacuro.
La semana pasada, la ONG Kapé Kapé denunció que más de 600 integrantes de las comunidades warao de Delta Amacuro han sido desplazados y se han visto obligados a cruzar la frontera venezolana para proteger su etnia.
Estas comunidades no solo son afectadas por la persecución de grupos irregulares, sino también por la falta de atención en materia de salud y alimentación por el Estado venezolano.
LEE TAMBIÉN
Indígenas exigen salida de guerrilleros del Parque Nacional Yapacana en Amazonas
Por otra parte, en Amazonas, el pasado 30 de septiembre de 2020 etnias del Parque Nacional Yapacana se reunieron en asamblea para rechazar y exigir la salida de las Farc de sus tierras. El grupo irregular colombiano tiene control de la mina y mantienen amenazados a sus habitantes.
“Hasta ahora la Fuerza Armada no ha respondido nuestra solicitud, estamos seguros de que apoyan a los irregulares porque la minería en el Yapacana es un negocio solo de ellos”, sostuvo Nancy Herrera, habitante de la comunidad Piedra Blanca.
También los pueblos yekwana y sanema, en la comunidad indígena El Playón, en el Bajo Caura, denunciaban en agosto de 2020 que enfrentamientos armados entre grupos irregulares colombianos que se habían apoderado de la zona meses antes. Explicaron que la pugna existente entre estos grupos y los ya conocidos “sindicatos” de la minería ilegal en la zona, siguen desplazando a sus tribus de sus hábitats y tierras ancestrales, ante la mirada del Estado y los organismos de seguridad.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
