Ante la serie de operativos que realizan funcionarios de la Guardia Nacional para frenar el tráfico de combustible activo entre la frontera de Venezuela con Brasil, grupos de habitantes de Santa Elena de Uairén piden a las autoridades que también investiguen a los propios uniformados.
El pasado viernes El Pitazo publicó un procedimiento efectuado por la Guardia Nacional en el que se incautaron 470 litros de gasolina en un galpón abandonado del sector San Rafael de Santa Elena. La noticia generó comentarios entre esta población fronteriza y al menos una decena decidió denunciar en este medio de comunicación de forma anónima a los propios militares.
Los señalan de ser ellos, en confabulación con civiles, los que continúan traficando combustible por trochas que entre Brasil y Venezuela en medio de la pandemia, que ubica al vecino país como con más contagios en Latinoamérica. Asimismo, taxistas y exempleados de las dos estaciones de servicio que funcionan en Santa Elena los acusaron de extraer gasolina de estos dos lugares, a donde solo llega combustible para unidades militares y personal de salud que trabaja entre ambos países para contener el COVID-19.
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Un denunciante envió una fotografía en el que se observa a militares con dos civiles en el sector El Salto, zona conocida por comercializar desde hace varios años la gasolina de forma ilegal. Para alertar a los conductores que poseen combustible, los vendedores hacen una seña con el pulgar hacia abajo, que ya es común en la capital del municipio Gran Sabana.
Los denunciantes advirtieron que al investigar a los militares, de mediano y alto rango, se podrá dar con una red de tráfico interno e internacional de combustible.
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