Ciudad Guayana.– Una protesta ciudadana cuyo foco era exigir la revisión de las tarifas del servicio de aseo urbano prestado por la compañía privada Fospuca en San Félix, estado Bolívar, terminó en una serie de violentos incidentes propiciados por decenas de simpatizantes del oficialismo. Así lo denunció María Álvarez, diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb), el martes 7 de marzo.
Álvarez señaló que el grupo de manifestantes denominado Asamblea de Ciudadanos llegó hasta la plaza Bolívar, frente al Palacio Municipal, de forma pacífica, para consignar un documento en el que exigen la derogación del decreto 008-22, que autoriza las tarifas de la empresa Fospuca, contratada por la Alcaldía de Caroní para la prestación del servicio de aseo urbano y mantenimiento del relleno sanitario. El escrito con la petición está respaldado por 10.200 firmas y huellas dactilares.
Violento incidente
Cerca de las 10:00 am llegaron al lugar decenas de personas que se identificaron como seguidoras del alcalde de Caroní, Tito Oviedo. Les arrebataron equipos de sonido a los manifestantes y les rompieron las pancartas. Después hubo empujones y golpes. Todo ocurrió frente a decenas de oficiales de la Policía Municipal de Caroní (PMC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a una cuadra de un contingente militar con una tanqueta VN4.
Ningún funcionario actuó para detener la violencia, dijeron los manifestantes. “Esta plaza es nuestra, váyanse. Aquí no van a venir a protestar los opositores apátridas”, gritó una mujer que llegó con el grupo oficialista. La recién restaurada plaza Bolívar, frente al malecón de San Félix y la sede de la Alcaldía de Caroní, es un espacio frecuente de convocatorias de la denominada revolución bolivariana.
En medio del altercado fue empujado y lanzado al suelo el sacerdote Carlos Ruiz, párroco de la iglesia San Martín de Porres, en Brisas del Sur. Los equipos periodísticos de La Patilla, El Pitazo, Correo del Caroní, Vpitv y Nueva Prensa de Guayana fueron objeto de empujones, insultos y amenazas por parte de las personas identificadas con el oficialismo.
El reclamo contra Fospuca
Las tarifas de Fospuca han sido un tema de debate desde que la compañía entró en operaciones en Ciudad Guayana, en octubre de 2022. Pedro Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros de Caroní, considera que la facturación de la empresa privada es muy elevada y no se ajusta al bolsillo de los ciudadanos ni de los pequeños comerciantes.
“Se debe derogar y anular el decreto que firmó el ciudadano alcalde (Tito Oviedo) con la empresa Fospuca, porque allí se establecen unas tarifas que no tienen relación con la capacidad contributiva de los ciudadanos de Guayana. Además, hicimos una estructura de costos y esas tarifas son exageradamente altas, asociadas al petro y a metros cuadrados, y en el cortísimo plazo los ciudadanos y los comerciantes no podrán cancelarlas”, explicó Acuña.
Entretanto, la diputada oficialista del Cleb, Oritzy Rojas, dijo que las tarifas de la mencionada empresa se están revisando. “El alcalde lo ha anunciado, hay una mesa técnica revisando todos los casos de manera individual, porque hay tarifas establecidas para todos los sectores y no podemos dejarnos manipular”, dijo la funcionaria, quien encabezó el grupo que llegó a disolver la protesta ciudadana.
Cabe destacar que Fedecámaras Bolívar y el alcalde de Caroní se sentarán el jueves 9 de marzo, en una mesa técnica para abordar el tema de Fospuca.
La responsabilidad del alcalde
Entretanto, la concejala opositora Aida González atribuyó la responsabilidad de las tarifas al alcalde Oviedo y dijo que las tarifas están asfixiando a los ciudadanos.
“La ciudad estaba abarrotada de basura, vertederos en todas las parroquias y avenidas. Nosotros le exigimos que se decretara una emergencia sanitaria, porque ni los hospitales y clínicas tenían donde botar la basura”, reclamó la funcionaria.
González recalcó que las tarifas no fueron fijadas por Fospuca, sino por la Alcaldía de Caroní, mediante el decreto 008-22, a través de precios anclados al petro, sin realizar estudios en cada zona comercial ni residencial, ni permitir que los costos se estudiaran en la Cámara Municipal.
“En Caroní todos los sectores deben ser considerados vulnerables, porque el pueblo sobrevive con sueldos de hambre. A Guayana la quebraron y no es culpa de los ciudadanos no poder pagar los servicios”, puntualizó.
Finalmente, el grupo denominado Asamblea de Ciudadanos no pudo entregar el documento ante el despacho del alcalde, debido a los altercados registrados, pero anunciaron que continuarán manifestando en la calle hasta ser escuchados por las autoridades.
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