Ciudad Guayana.- La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 74 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar durante 2021. Según la organización, esta cifra es baja en comparación con años anteriores en los que han realizado el monitoreo a medios de comunicación regionales.

“Esta disminución de casos narrados por la prensa no demuestra que los mismos hayan dejado de ocurrir. Incluso es evidencia de que existe opacidad en la información pública sobre las violaciones al derecho a la vida en Bolívar, debido a la falta de datos generados por el Estado y al miedo colectivo que estos hechos provocan en la sociedad”, destacó Codehciu en su informe 2021.

En años como 2019 o 2020, las cifras pasaron de 200 víctimas asesinadas de forma ilícita por parte de los funcionarios de cuerpos policiales de la entidad. La ONG resaltó que la carencia de justicia y de reparación es parte fundamental del desinterés colectivo con estas muertes.

Uno de los casos que sigue pidiendo justicia y reparación es el de Luis Alfredo García Marín y Edinsson Fernando Mijares Duque, quienes fueron asesinados en medio de una presunta ejecución extrajudicial realizada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 14 de mayo de 2021 en Puerto Ordaz, municipio Caroní.

Los familiares de estos jóvenes continúan pidiéndole al fiscal general designado por el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, que investigue a los funcionarios actuantes en este procedimiento y que la causa sea radicalizada en Caracas.

De acuerdo con el informe de la organización, Caroní y Piar son los municipios con mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales; y los cuerpos que han tenido más actuaciones son el Cicpc y la Guardia Nacional.

“La organización exhorta al Estado venezolano a: investigar de manera imparcial toda muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial; sensibilizar a sus funcionarios en materia de garantías de derechos humanos; y garantizar la reparación de los familiares de las víctimas que, en la mayoría de los casos, no logran alcanzar la justicia”, destacó Codehciu.