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martes, 21 mayo, 2024

Bolívar | Gremio empresarial pide revisión de la Ley de Registros y Notarías

Fedecámaras Bolívar y la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní advierten sobre el aumento de la economía informal al incrementar los aranceles de registros y notarías

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Ciudad Guayana.– Fedecámaras Bolívar y la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní) piden revisión de la Ley de Registros y Notarías, pues afectaría al sector productivo y a las pequeñas y medianas empresas del país.

La principal crítica que realiza el gremio es el cobro de aranceles anclados a la criptomoneda petro, lo que generaría un aumento en la tasa de registros y notarías. Para la presidenta de Camcaroní, Catherine Wilson, traería un crecimiento de la economía informal.

“Es algo en lo que siempre hemos insistido, que cese la informalidad, que los emprendedores pasen a la formalidad, pero ahora eso no ocurrirá. Un emprendedor, si antes no podía pagar un registro de empresa, ahora mucho menos”, comentó Wilson.

Austerio González, presidente de Fedecámaras, resaltó que la constitución de una empresa costaría 2.000 dólares, lo que pondría más difícil la recuperación económica de un comerciante. De acuerdo con datos del gremio, hubo una reducción de 70 % de empresas formales, solo en Ciudad Guayana.

“Esta medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales”, señaló Fedecámaras en un comunicado.

Ley sin consulta

El segundo vicepresidente de Camcaroní y abogado especialista tributario, Raúl Gil, destacó que no hubo una consulta con los gremios empresariales del país.

“Para que exista un equilibrio entre el Estado se requiere recaudar fondos a través de tributos y los contribuyentes o la ciudadanía que también tienen el deber de aportar a través del pago de tributos, los servicios que se les presta, en los registros, en las notarías, entre otros”, señaló.

Camcaroní pide una reforma que se adapte a la realidad económica del país, que haya un equilibrio para el trabajador, Estado y empresario, a través de seguridad jurídica, confianza, inversión nacional y extranjera, etc.

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