La organización Amnistía Internacional considera grave el traslado de 13 indígenas pemones a la cárcel de El Rodeo, que anteriormente fueron recluidos en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, en diciembre de 2019, por presuntamente unirse a un alzamiento militar que se registró en la Gran Sabana, informó este jueves, 11 de junio, la ONG mediante una declaración pública.
Amnistía Internacional exige de forma urgente a autoridades venezolanas que los aprehendidos sean llevados hasta su comunidad de origen, en este caso Kumarakapay, para cumplir la detención preventiva, según lo que dicta la ley que protege a los indígenas.
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Los 13 detenidos, Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco, fueron capturados por fuerzas de seguridad del Estado en varias comunidades indígenas de la Gran Sabana, al sur del estado Bolívar, por presuntamente participar en la Operación Wey PaKá, dirigida por oficiales venezolanos que tomaron el Fuerte de Luepa en la misma zona y pretendían asaltar también el Fuerte Escamoto, en Santa Elena de Uairén.
Debido a que fueron rodeados por miembros activos de la FAN y otros grupos armados del gobierno, la mayoría de los oficiales alzados trató de escapar y los indígenas los guiaron por caminos que solo ellos conocen y culminan en Brasil. Al parecer, también guardaron algunas de las armas que sustrajeron los rebeldes.
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Fueron trasladados a Caracas y allí permanecieron 50 días incomunicados en celdas de la Dgcim en Boleíta, no se les permitió hablar con sus familiares ni su defensa. Se conoció que el 13 de mayo fueron trasladados a la cárcel de El Rodeo donde permanecen.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han expresado que «existen razones para creer como posible la presunta falta de independencia del intérprete que había sido puesto al servicio de los órganos de justicia, y que podría estar afectando seriamente el desarrollo de un juicio con las mínimas garantías judiciales», tal y como lo informaron en el comunicado.
Los propios familiares declararon que no permitían que entre ellos hablaran en su lengua de orígen y tampoco que el intérprete se comunicara con ellos de esta forma, fueron forzados en reiteradas oportunidades según testimonios de su familia, a usar el castellano para comunicarse.
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