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domingo, 19 mayo, 2024

Unión Europea y Cofavic presentan proyecto para proteger a defensores de DD. HH. en Venezuela

La iniciativa se dirige a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, vinculados a migrantes, mujeres, indígenas, infantes, colectivo Lgbti, defensa de la tierra y el territorio, víctimas o sobrevivientes de violaciones de derechos humanos

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La Unión Europea (UE) junto al Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) y la Vicaría de DD. HH. de la Arquidiócesis de Caracas presentaron este martes, 12 de julio, un proyecto que busca promover la protección, formación técnica y asistencia integral de los defensores de derechos humanos en Venezuela que se encuentran en situación de riesgo.

«Iniciativa para la protección integral y efectiva a personas defensoras de DDHH en Venezuela», es el proyecto que inició en febrero de 2022 y se realizará hasta enero de 2025, con la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Front Line Defenders, en beneficio de 2.000 defensores de derechos humanos y 200 organizaciones de la sociedad civil.

El jefe de la delegación de la Unión Europea, Rafael Dochao, indicó que la labor de defensores de derechos humanos en cualquier sector vulnerable es fundamental y, por lo tanto, buscan darle protección. Asimismo, aseguró que el trabajo de las ONG debe enfocarse en mostrar las carencias y garantizar que no haya impunidad en las violaciones.

Dochao precisó que este proyecto se dirige a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, vinculados a migrantes, mujeres, indígenas, infantes, colectivo Lgbti, defensa de la tierra y el territorio, víctimas o sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. 

La presidenta y cofundadora de Cofavic, Liliana Ortega, por su parte, afirmó que la iniciativa se desarrolla en medio de los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos en un país donde el espacio cívico-democrático se cierra cada día, según detalló.

«Hay un deterioro progresivo y un incremento sostenido en materia de ataques y amenazas hacia quienes defienden los derechos. La pandemia sirvió como contexto para fijar las peores restricciones al accionar de las organizaciones en Venezuela», aseguró Liliana Ortega.

Explicó que el proyecto busca fortalecer la capacidad de las organizaciones a través de asistencia directa para que puedan tener garantías y continuar trabajando en defensa de los derechos humanos de cada persona.

La actividad de este martes también contó con la participación de defensores y víctimas de derechos humanos. Es el caso de los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado en las protestas de 2017 en Venezuela. Desde la Alianza de Familiares y Víctimas continúan buscando justicia en un país donde se sienten criminalizados.

«Nos enfrentamos a retardos procesales, investigaciones insuficientes por parte del Ministerio Público. Benefician a los victimarios y no a las víctimas, nos niegan una justicia genuina. Nos hemos enfrentado a rebajas de penas e imputaciones que no se adaptan a la realidad y a la gravedad de los hechos», expresó Elvira Pernalete.

José Pernalete, padre del joven asesinado, indicó que las autoridades juegan a cansarlos y burlarse de todos los esfuerzos que hacen. «Tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay porque se lo debemos a nuestro hijo y a todos esos jóvenes asesinados por querer una mejor calidad de vida», comentó. 

Presentación del libro Hablan las personas defensoras de los derechos humanos

El Cardenal Baltazar Porras formó parte del proyecto y ratificó su apoyo y solidaridad con el ejercicio que se realiza a favor de miles de víctimas. Asimismo, explicó que el libro Hablan las personas defensoras de los derechos humanos, cuenta con 16 testimonios de defensores de al menos ocho estados del país, los cuales «evidencian que la defensa de los derechos humanos tiene sentido, aunque sean vulnerables».

La publicación de este escrito se realizó a través del proyecto «Alianza para promover la protección integral de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela», que entre 2018 y 2021 contó con apoyo financiero de la Unión Europea y fue implementado por Cofavic y la Vicaría de DD. HH. de la Arquidiócesis de Caracas.

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