El líder del partido Movimiento Tupamaro, José Tomás Pinto, anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre tras recibir una orden de traslado de su actual centro de detención a la cárcel Yare II.
Pinto, de 71 años de edad, está detenido en el octavo piso del Bloque de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Parque Carabobo, en Caracas, donde fue radicada la causa en el año 2020, específicamente en el Tribunal Sexto de Juicio del Área Metropolitana.
Pinto fue acusado por el Ministerio Público, el 15 de junio de 2020, de estar involucrado en el asesinato de George Soto Berroterán, de 16 años de edad, y de las lesiones contra Juan Pablo Romero, de 21 años, hechos ocurridos en un terreno de su propiedad ubicado en una zona foránea de la población de Chuspa, al este del estado Vargas.
El traslado y la declaratoria de huelga de hambre fueron confirmados por el equipo de abogados de Pinto Marrero.
«No hay razón jurídica para este traslado. Se supone que Yare II es un centro de cumplimiento de pena definitiva y firme. El traslado viola los derechos de Pinto Marrero, pues estamos hablando de un desarraigado del caso al alejarlo del tribunal en donde se sigue su juicio. Si ya es difícil garantizar el traslado dentro de Caracas, la dificultad se incrementa si se traslada a Miranda», explica la abogada Noris Granados.
Otro aspecto es la salud comprometida de Pinto Marrero. «José Tomás Pinto está prácticamente inmovilizado. Enviarlo a Yare II es condenarlo a la muerte. Así lo visualiza él y por eso tomó la decisión de someterse a una huelga de hambre, a pesar de sus patologías», acotó la profesional del derecho.
Los informes médicos, avalados por el Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense (Senamecf), confirman que Pinto presenta hernias discales, imposibilidad de moverse, diabetes, hipertensión y una miocardiopatía. A pesar de este cuadro, la juez que lleva el caso ha negado a Pinto la solicitud de casa por cárcel.
Aunque los abogados no quisieron opinar sobre si la acción podía estar relacionada con un pase de factura política, militantes del partido Tupamaro aseguran que la orden corresponde a «un amedrentamiento de Estado».
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