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domingo, 19 mayo, 2024

TSJ autoriza extradición a EE. UU. de Natalino D’Amato por lavado de dinero

El empresario está acusado en un tribunal de Florida (EE. UU.) por manejo ilegal de instrumentos financieros, pues sus empresas recibieron al menos 160 millones de dólares en contratos con filiales de Pdvsa

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Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el expediente número E21-92 de la Sala de Casación Penal, autorizó el pasado 29 de septiembre la extradición del ciudadano italiano-venezolano Natalino D’Amato a los Estados Unidos, donde se encuentra acusado de lavado de dinero e instrumentos financieros.

De acuerdo al documento, el gobierno de Estados Unidos dispone de 60 días para presentar la documentación necesaria para completar la entrega del empresario, quien posee alerta roja internacional a través de Interpol desde febrero de 2021 por los delitos de: asociación ilícita destinada al blanqueo de capitales; blanqueo de instrumento monetario a escala internacional; blanqueo de capitales, realización de transacciones con haberes procedentes de actividades delictivas.

D’amato, quien fue detenido el pasado 16 de julio, y al día siguiente se aprobó remitir el caso a la Sala de Casación Penal para comenzar el procedimiento de extradición, al tiempo que negó imponer medida privativa de libertad, y en su lugar ordenó arresto domiciliario.

Natalino D’Amato fue acusado por un tribunal de Florida (EE. UU.)  por delitos de transacciones ilegales usando las cuentas de su empresa en esa entidad, cometidos entre 2013 y 2017.

Al momento de presentar la solicitud ante Interpol, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que, a través de estas cuentas, D’Amato recibió alrededor de 160 millones de dólares de empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la Faja del Orinoco.

Posteriormente, usó parte de ese dinero para sobornar a al menos cinco funcionarios venezolanos que trabajaban en Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, a fin de obtener contratos para venderles bienes y servicios con sobreprecio.

El Departamento de Justicia de EE. UU. busca confiscar al menos 45 millones de dólares que aún existen en esas cuentas.

Lee la sentencia completa del TSJ aquí.

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