Caracas.- Representantes de varios sindicatos de los organismos públicos y de varias empresas privadas se presentaron este jueves, 2 de junio, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para adherirse al amparo constitucional que se introdujo en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
El documento entregado en el ente de justicia cuenta con la firma de 23 organizaciones, entre los que se encuentran la Corporación Socialista de Cemento, S.A., Cancillería, Ministerio de Transporte, Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), Metro de Caracas, las federaciones Judicial y del sector público; así como la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa), Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, entre otros.
Una comisión de voceros sindicales se reunió con uno de los magistrados para exponerle sus denuncias contra el instructivo de la Onapre que, según denuncian, viola las cláusulas de la contratación colectiva de varias instituciones en el país.
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Enrique José Cedeño, secretario sindical del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que con estas acciones buscan eliminar el instructivo de la Onapre, un documento que “suprime los derechos laborales de los contratos colectivos, con lo cual, violan la Constitución”.
El representante sindical destacó que este instructivo reduce todos sus beneficios en materia de antigüedad, profesionalización e incluso en la salud. “Le vamos a pedir que agilice la admisión de este amparo para eliminar esa resolución atropelladora de la Onapre”, acotó.
Asimismo, recalcó que todos los trabajadores del sector público son afectados por este instructivo, desde el obrero y vigilantes hasta profesionales. “En mi oficina, al sindicato, han ido directores a decir que no saben qué hacer con las inscripciones de los colegios de sus hijos porque no les alcanzan los sueldos para cubrir 50% de las matrículas escolares”, contó Cedeño.
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José Marcano, sindicalista del Ministerio de Agricultura y Tierras, informó a El Pitazo que tras el encuentro, el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Damiani Bustillos, se comprometió a hacerle llegar todas las inquietudes y denuncias a la presidenta del TSJ con la intención de resarcir los beneficios con incidencia en el salario.
La solicitud de los sindicalistas se encuentra registrada en el expediente 2022-0353.
Cedeño añadió que también se encuentran recolectado firmas para solicitar la eliminación de la resolución de la Onapre, que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución para gozar de un salario digno acorde a la Canasta Básica y rechazar que el bono de 10 mil bolívares solo sea para un grupo de pensionados. Las mismas serán entregadas al gobernante Nicolás Maduro en Miraflores.
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